INICIO DE LA CAMPAÑA
CRIMENES DE ESTADO Y DESAPARICIONES FORZADAS: NUNCA MAS.


22 de agosto de 2007
A pesar del cambio de partido en el gobierno federal, hasta la fecha el Estado mexicano ha incumplido por completo su responsabilidad de investigar y castigar los crímenes de Estado cometidos durante las masacres de estudiantes del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, así como de los cientos de desapariciones forzadas perpetradas durante la décadas de los setenta y ochentas.
El actual gobierno federal convalidó la decisión del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y puso las investigaciones bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), como si fueran delitos comunes, sin que hasta la fecha haya resultado alguno. Por su parte, el poder Legislativo no ha realizado acción alguna para impulsar el acceso a la verdad y la justicia en estos casos; mientras que el Poder Judicial, con sus resoluciones, mantiene la práctica de obstaculizar el pleno acceso a la justicia.
Frente a esta política del Estado mexicano, diversas organizaciones de víctimas y familiares de estos crímenes de Estado y organizaciones de Derechos humanos iniciamos un proceso de coordinación. A la fecha catorce organizaciones con sede en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal nos hemos reunido en tres ocasiones para intercambiar información y analizar la actuación del Estado mexicano con respecto de la demanda común de verdad y justicia para todas estas violaciones de derechos humanos.
A lo largo de este proceso hemos constado:
Que los crímenes de Estado –masacre del 68 y 71 y desapariciones forzadas- permanecen impunes por completo.
Que el actual gobierno federal está desarrollando una política que busca ignorar estos hechos y hacer prevalecer la impunidad.
Que el Estado mexicano mantiene sin cumplir su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables; de llevar a cabo una reparación integral del daño a favor de las víctimas y realizar los cambios legales y de práctica que hagan posible que no se repitan estos crímenes de Estado.
Ante lo cual las organizaciones que suscribimos el presente documento hemos decidido iniciar la campaña
CRIMENES DE ESTADO Y DESAPARICIONES FORZADAS: NUNCA MAS
Esta acción será realizada de manera conjunta por las catorce organizaciones que hasta ahora participamos y se realizará de manera permanente en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal para:
Que el actual gobierno federal informe públicamente qué acciones tomará para garantizar el derecho a la verdad y la justicia que tienen las víctimas y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, frente a crímenes de lesa humanidad.
Colocar en la opinión pública el tema de verdad y justicia para estos crímenes de Estado y sobre todo en relación a cuál debe ser la forma concreta de lograrlo.
Que otras organizaciones civiles, del movimiento social, personalidades de la academia, cultura y otros ámbitos sociales se sumen a esta campaña y hagan propia la demanda común: verdad y justicia.
Que las organizaciones internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Internacional de Juristas, Centro Internacional por la Justicia Transicional y otras más puedan sumarse a esta misma campaña.
Generar un debate serio en torno la forma adecuada para alcanzar la verdad y la justicia tomando la experiencia y el debate sobre Comisiones de la verdad y/o instancias de investigación judicial respecto de los crímenes del pasado.
Esta campaña iniciará con diversas acciones que realizaremos en los días siguientes.
Fecha
Evento
Lugar
25 Agosto
II Encuentro de Familiares de desaparecidos y desaparecidas.
Conmemoración del 35 aniversario de la desaparición de Rosendo Radilla y 8 personas más.
Atoyac de Álvarez, Gro.
30 Agosto
Mesa redonda sobre
Acapulco, Gro.
Inicia campaña para la realización de un monumento en memoria de los desaparecidos y desaparecidas
Morelia, Mich.
Plantón Cultural
Culiacán, Sin.
Plantón en las instalaciones de la Coordinación General de Investigación de la PGR
Marcha a Los Pinos
Plantón en el Campo Militar No. 1
Distribución de estickers en algunos puntos de la ciudad.
Distrito Federal
2 Septiembre
Exposición sobre La otra comunicación
Chihuahua, Chih.
Octubre
Mes del detenido desaparecido y detenida desaparecida.

7 Octubre
Exposición fotográfica sobre desaparecidos y desaparecidas
Zihuatanejo, Gro.
14 Octubre
Exposición fotográfica sobre desaparecidos y desaparecidas
Chilpancingo, Gro.
21 Octubre
Exposición fotográfica sobre desaparecidos y desaparecidas
Acapulco, Gro.
28 Octubre
Exposición fotográfica sobre desaparecidos y desaparecidas
Atoyac, Gro.
Las organizaciones que hoy hacemos pública la presente campaña estamos convencidas que sólo con un esfuerzo coordinado y un trabajo permanente lograremos saber dónde están los desparecidos y desaparecidas; que se investigue y sancione a los responsables de todos estos crímenes; que se lleve a cabo una reparación integral del daño a favor de las víctimas y sus familiares y se concreten los cambios legales y de práctica que hagan posible que no se repitan estos crímenes de Estado.
La impunidad que prevalece respecto de todos estos crímenes da lugar a que éstos se sigan cometiendo. Concretamente las desapariciones forzadas de Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya quienes fueron desaparecidos el pasado 25 de mayo.
Las organizaciones que suscribimos el presente documento demandamos la presentación con vida de estos detenidos desaparecidos.
ATENTAMENTE
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas (AMNU)
Asociación Nacional de Luchadores Sociales (ANLS)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité 68 Pro Libertades Democráticas, A. C.
Comité de Madres de Chihuahua
Comité Jalisco
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad
Fundación Diego Lucero
Izquierda Democrática Popular
Nacidos en la Tempestad
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”
Unión de Madres de Desaparecidos de Sinaloa

Curso acerca de La guerra sucia en México

Programa de Derechos Humanos, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de agosto a noviembre 2007. Será impartido por José Sotelo Marbán, coordinador del Informe histórico de la Femospp, 'Que no vuelva a suceder'.

Temas:
Los movimientos sociales en América Latina y México tras la Segunda Guerra Mundial;
Las luchas de los movimientos sociales frente al Estado;
El movimiento estudiantil y la acción del Estado;
El surgimiento de la guerrilla moderna en México;
El movimiento cívico. Guerrero y otros estados del país;
De la rebelión campesina a la guerrilla;
Aniquilamiento de la guerrilla rural en Guerrero;
De la rebelión estudiantil a la guerrilla;
De la rebelión armada al aniquilamiento de la guerrilla en el país;
La guerra no convencional. Guerra fría, guerra de baja intensidad, guerra de guerrillas; doctrina de seguridad nacional;
Crímenes de lesa humanidad y el derecho internacional de los derechos humanos;
Crímenes de guerra y el derecho internacional humanitario;
Comisiones de la verdad y justicia transicional;
Investigación histórica de los movimientos sociales contemporáneos;
Clausura: mesa redonda.


Justificación
No se entiende la historia contemporánea de México si se desconocen o se interpretan indebidamente los movimientos sociales que han influido, desde la sociedad, en la toma de decisiones políticas que nos afectan. En este periodo de sesiones analizaremos los movimientos sociales que fueron contestatarios a la forma despótica con la que el gobierno ejerció el poder y la forma como el Estado intentó controlarlos. En muchos casos logró cooptarlos y los incorporó al sistema. Cuando no lo logró, siguió la política de infiltrarlos o reprimirlos. Conforme se agudizaron las contradicciones, se pasó a una etapa de mayor radicalización por parte de los movimientos sociales independientes y se llegó a instaurar una política de terrorismo de Estado en algunas regiones del país en donde la violación sistemática a los derechos humanos era la norma y el Estado incurrió en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Gran parte de esta historia se desconoce por varios motivos: (a) los movimientos que se radicalizaron entraron a la clandestinidad, (b) las políticas criminales utilizadas por el Estado fueron manejadas de manera callada y secreta por los órganos de inteligencia, y (c) el Estado ocultó y distorsionó los hechos, como sucesos sueltos e inconexos, minimizándolos y refiriéndolos a la nota roja cuando salían a la luz pública.
El pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia, a que se repare el daño ocasionado principalmente a las familias de las víctimas que sufrieron desaparición forzada y a que se modifiquen las condiciones que motivaron la insurrección y que permitieron al Estado actuar criminalmente con impunidad.

Objetivo General
Que los participantes en el curso se introduzcan al estudio de los movimientos sociales contestatarios surgidos en México durante la llamada ‘guerra fría’, así como de las políticas que el Estado mexicano siguió para controlarlos, reprimirlos y aniquilarlos.

Evaluación
La evaluación del curso con fines de acreditación se hará con base a la puntual asistencia, a la participación y a la elaboración de los trabajos requeridos


Tema 1. Los movimientos sociales en América Latina y México tras la Segunda Guerra Mundial
Objetivo: Que los participantes en esta sesión interpreten, conforme a los paradigmas que se generaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos sociales y los sucesos políticos acaecidos en México y América Latina.
Desglose:
- El cambio de paradigma. Del colonialismo a la hegemonía entre los bloques capitalista y socialista;
- De las luchas libertarias a las luchas de liberación nacional;
- La alineación de los gobiernos de América Latina con el bloque hegemónico de Estados Unidos;
- La Revolución cubana, la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y la extensión de la guerrilla por América Latina;
- La contraguerrilla. Las escuelas francesa y de las américas;
- Las dictaduras latinoamericanas y las guerrillas de liberación nacional.
Lecturas para la sesión:
Berryman, Phillip; The Religious Roots of Rebellion. Christians in Central American Revolutions; Orbis, Nueva York, 1984.
Calloni, Stela; Los años del lobo. Operación Cóndor. Kissinger, Pinochet, Stroessner, Banzer, Suárez Mason, Massera; Ed. Continente; Buenos Aires, Argentina, 1999.
Gillo, María Esther; The Tupamaro guerrillas. The structure and strategy of the urban guerrilla movement; Saturday Review Press, NY. 1972
Guillén, Abraham; “Lecciones de la Guerrilla Latinoamericana”, en Hodges, Donald C. y Guillén, Abraham; Revaloración de la Guerrilla Urbana; Ed. El Caballito, México, 1977.
Portantiero, J.C.: Estudiantes y política en América Latina, Ed. Siglo XXI, México 1978

Tema 2. Las luchas de los movimientos sociales frente al Estado
Objetivo: Que los participantes en esta sesión analicen las causas que motivaron la movilización social, la forma como se articularon los distintos movimientos sociales, las estrategias de lucha que estos siguieron y la respuesta del Estado.
Desglose:
- El jaramillismo, el gasquismo y el henriquismo;
- El Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología y la tipificación del delito de disolución social;
- Contra reforma agraria, privatización y desmantelamiento de instituciones que fortalecían el Estado nacionalista y de los trabajadores;
- Estructuras de mediación,
- La lucha de los ferrocarrileros y el charrismo, Las huelgas de los sindicatos de los petroleros, el magisterio, los mineros metalúrgicos, los electricistas, los médicos;
- La crisis del Partido Comunista Mexicano y el espartaquismo;
- Organizaciones campesinas independientes, Unión General de Obreros y Campesinos de México, CCI.
Lecturas para la sesión:
Barry Carr; La Izquierda Mexicana a través del Siglo XX; Era, México, 1996.
Campa, Valentín; Mi testimonio; memorias de un comunista mexicano; Ediciones de Cultura Popular, México, 1978.
Fernández Christlieb, Paulina; El esparataquismo en México; El Caballito, México, 1978.
Huitrón, Jacinto; Orígenes de la historia del movimiento obrero en México; Editores Mexicanos Unidos; México, 1980.
Jaramillo Ménez, Rubén; Autobiografía; Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981.
López Limón, Alberto Guillermo; El Movimiento Jaramillista (1915-1962); Tesis de Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1994.
Mier Merelo, Armando M.; Sujetos, Luchas, Procesos y Movimientos Sociales en el Morelos Contemporáneo; UAEM, Col. Movimientos Sociales, No. 3, México, 2003.
Poniatowska, Elena; Fuerte es el Silencio; Era, 5ta. reimpresión, Serie Crónicas, México, 1987.
Ramos Zavala, Raúl; El tiempo que nos toco vivir.....y otros documentos de la guerrilla en México; Huasipungo, México, 2003.
Ravelo Leucona, Renato; Los Jaramillistas; Nuestro Tiempo, Col. Testimonio, México, 1978.
Rustrián Azamar, Alfredo; La revolución delas batas blancas 40 años después, vigente. Movimiento médico 1964-1965; Sin datos de editorial. México. 2004.
Sánchez Cárdenas, Carlos; Disolución Social y Seguridad Nacional; Ed. Linterna, México, 1970.
Scherer García, Julio y Carlos Monsiváis; Los patriotas. De Tlatelolco a la guerra sucia; Nuevo Siglo, Aguilar, México, 2004.

Tema 3. El movimiento estudiantil y la acción del Estado
Objetivo: Que los participantes a esta sesión revisen los acontecimientos de 1968 y del Jueves de Corpus de 1971 como parte de un proceso social que se dio en los centros de educación media superior y superior de México, marcado por la participación de los estudiantes con el propósito de incidir: (a) en la vida universitaria, (b) en los asuntos de su ciudad y (c) en los problemas del país. Que analicen, de igual modo, la reacción del Estado a las demandas estudiantiles, así como su política para controlar e infiltrar los movimientos estudiantiles, o reprimirlos.
Desglose:
- Viraje del Estado en su política de educación nacionalista y de acceso de los sectores pobres a la educación media superior y superior;
- Movilizaciones del Instituto Politécnico Nacional, de las Escuelas Normales y de Chapingo;
- Las universidades de Guerrero, Morelia, Sonora, Villahermosa;
- Mecanismos de control que utilizó el Estado mexicano;
- El movimiento estudiantil de 1968;
- Los Halcones;
- 10 de Junio de 1971.
Lecturas para la sesión:
Álvarez Garín, Raúl; La estela de Tlaltelolco: una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil de 68; Grijalbo, México, 1998.
Balam, Gilberto; Tlaltelolco, reflexiones de un testigo; Costa Amic, México, 1969.
Bellinghausen, Hermann (Coord.); Pensar el 68; Cal y Arena, México,1998.
Campos Lemus, Sócrates Amado y Juan Sánchez Mendoza; 68: tiempo de hablar; Sansores y Aljure, México, 1998.
Cano Andaluz, Aurora; 1968: antología periodística; UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, México, 1993.
Condés Lara, Enrique; 10 de junio ¡No se olvida!; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2001.
De la Garza, Enrique, León Tomás Ejea y Luis Fernando Macías; El Otro movimiento estudiantil; Extemporáneos, México,1986.
Guevara Niebla, Gilberto; La democracia en la calle: crónica del movimiento estudiantil mexicano; Siglo XXI, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, México,1988.
___________; (compilador); Las luchas estudiantiles en México; Línea, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Zacatecas, México,1983.
Mendoza Cornejo, Alfredo; Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1948 a 1954. La consolidación de la FEG. Universidad de Guadalajara, México. 1992
Monsiváis, Carlos; Días de Guardar; ERA, México, 1970
Peña M., Luis Jorge; Lecumberri-68. Huelga de hambre por la libertad; Janis, México,1988.
Poniatowska, Elena; La noche de Tlaltelolco. Testimonios de historia oral; Era, México, 54 reimpresión 1997.
Ramírez, Ramón; El movimiento estudiantil de México, julio/diciembre de 1968; Ed. Era, volúmenes I y II , Col. Problemas de México, México, 1969.
Scherer García, Julio y Carlos Monsiváis; Parte de guerra: Tlaltelolco 1968: documentos del general Marcelino García Barragán: los hechos y la historia; Nuevo Siglo, Aguilar, México, 1999.
Solís Mimendi, Antonio; Jueves de Corpus Sangriento (revelaciones de un halcón), Offset, Alfaro Hermanos, México, 1972.


Tema 4. El surgimiento de la guerrilla moderna en México
Objetivo: Que los participantes en esta sesión distingan las rebeliones campesinas que se dieron anteriormente en México de la guerrilla moderna, que revisen los principales planteamientos que formularon, la estructura organizativa que siguieron, así como los errores estratégicos que casi la llevaron a su aniquilamiento; asimismo, que analicen las estructuras de cacicazgo que motivaron la rebelión y las estructuras de espionaje, infiltración y represión que se utilizaron para controlar y casi aniquilar este movimiento.
Desglose:
- La vinculación de las normales rurales con la problemática campesina y el bagaje teórico interpretativo que estos maestros adquirieron para el análisis de su realidad;
- La estructura de caciquismo en la Sierra de Chihuahua;
- La alianza del magisterio con su población de servicio, frente a la alianza de los caciques locales, el gobierno estatal y el ejército;
- El surgimiento del Grupo Popular Guerrillero. Su organización, la infiltración de que fue objeto, dos etapas ofensivas del grupo;
- El asalto al Cuartel Madera, la derrota estratégica del Grupo y el reinicio frustrado de operaciones;
- El Movimiento 23 de Septiembre y el Grupo Popular Guerrillero ‘Arturo Gámiz’;
- Los nuevos ‘focos insurreccionales’ en Chihuahua y Guerrero y de nueva cuenta su infiltración y desarticulación;
- Simiente de otros movimientos armados: El Núcleo Guerrillero Armado de Chihuahua y ‘Los Guajiros’.
Lecturas para la sesión:
Bellingeri, Marco; Del agrarismo agrario a la guerra de los pobres; Ediciones Casa Juan Pablos, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, México, 2003.
González, Óscar; Diario político y de campaña. En Reyes Peláez, Juan; La guerrilla en Chihuahua, 1964-1972. En Cuadernos Avance de Investigación No. 1, Centro de Investigaciones Históricas sobre los Movimientos Armados A.C., México, 1997.
Lugo Hernández, Florencio; El Asalto al Cuartel Madera. Chihuahua 23 de Septiembre de 1965. Testimonio de un Sobreviviente; Centro de Derechos Humanos Yackin A. C./Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, 2ª . Ed., México, 2003.
Memorias e Historias de la Vida Política del Sr. Salvador Gaytán Aguirre, CIHMAS, inédito, fotocopias, Chihuahua.
Montemayor, Carlos; Las Armas del Alba; Joaquín Mortiz, Col. Narradores Contemporáneos, México, 2003.
Santos Valdés, José; Madera. Razón de un Martirologio; s. Ed., México, 1968.


Tema 5. El movimiento cívico. Guerrero y otros estados del país;
Objetivo: Que los participantes en esta sesión, con el concepto de legitimidad, interpreten cómo se ejerce el poder político en México; que analicen la estrategia del movimiento cívico seguido en México por la lucha de la democracia; que manejen la referencia al derecho de rebelión ante la tiranía.
Desglose:
- La falta de legitimidad democrática en el poder político, desde el Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales y autoridades agrarias;
- Los movimientos cívicos en el país y su lucha por la democracia;
- San Luis Potosí, el cacicazgo de Gonzálo N. Santos y el navismo;
- La imposición de Caballero Aburto como Gobernador de Guerrero y las tropelías que cometió;
- El movimiento cívico guerrerense y la represión que sufrió;
- La caída del tirano, el ejercicio del poder popular y, de nueva cuenta, el secuestro del poder político popular por el poder central;
- La lucha popular vía electoral por el poder político, el fraude y la represión;
- El agotamiento de los recursos pacíficos por la lucha del poder.
Lecturas para la sesión:
Aranda, Antonio; Los cívicos guerrerenses; s/ed., México. 1979.
Caballero, Alejandro. Prólogo de Carlos Monsivais; Salvador Nava. Las últimas batallas. Ed. La Jornada; 1992
Calvillo, Tomás; El navismo o los motivos de la dignidad; Talleres litográficos. SLP. 1986
Gomezjara, Francisco; Bonapartismo y Lucha campesina en la Costa Grande de Guerrero;, Ed. Posada, México, 1979.
Granados Chapa, Miguel Ángel; Nava sí, Zapata no. Grijalbo. México. 1992,
San Agustín, La Ciudad de Dios. Libro IV, Cap. 4
San Isidro de Sevilla, Etimologías; BAC, España, varias ediciones.


Tema 6. De la rebelión campesina a la guerrilla
Objetivo: Que los participantes en esta sesión valoren las causas y condiciones que favorecieron el surgimiento de la guerrilla en Guerrero; que distingan las estrategias seguidas por Genaro Vázquez y por Lucio Cabañas en la implantación de la guerrilla; que se valore el carácter de ‘pez en el agua’ referido a la guerrilla.
Desglose:
- La lucha reivindicativa de Lucio Cabañas y la represión al pueblo;
- Creando condiciones para la guerra de guerrillas en Guerrero;
- El Partido de los Pobres, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y la implantación de la guerrilla;
- Auge y declive de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y Genaro Vázquez,
Lecturas para la sesión:
Ayala Guevara, Leopoldo; La guerra sucia en Guerrero. Impunidad, terrorismo y abuso de poder; Ed. Ayalacenter. México. 2005.
Bartra, Armando; “Cien años de lucha campesina”; Historias, No. 8-9, INAH, México
enero – junio 1985.
Bartra, Armando; Guerrero bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande; Ediciones Sinfiltro, México, 1996.
Bonilla Machorro, Carlos; Ejercicio de guerrillero; Gaceta Editores, México, 1981.
Campos Gómez, Eleazar. Comandante; Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, una experiencia guerrillera en México; Ed. Nuestra América, México,1987.
Castro Fuentes, Isidro. (a); “Entrevista a Mario Menéndez Rodríguez”; ¡Por Esto!, No. 194, diciembre 1985. Reproducido por Revista de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEO), Sección XXII, Oaxaca, en Homenaje a Lucio Cabañas 1974-2004 XXX aniversario luctuoso, abril 2004.
Castro Fuentes, Isidro; Entrevista a; “El Partido y la Unidad”; ¡Por Esto!, No. 196, enero 1986.
De Mora, Juan Miguel; Las guerrillas en México y Jenaro Vázquez Rojas (su personalidad, su vida y su muerte), México, 1972.
Fierro Loza, Francisco; Los papeles de la sedición y la verdadera historia político militar del Partido de los Pobres; documento inédito de fecha, Mimeógrafo, UAG, 1984.
Gallegos Nájera, José Arturo; La Guerrilla en Guerrero; Ed. Lama, México, 2004.
Gutiérrez, Maribel; Violencia en Guerrero; La Jornada ediciones, México, 1998.
Gutiérrez Galindo, José C.; Y el pueblo se puso de pie. La verdad sobre el ‘caso Guerrero’; México, s.p.i.
Hipólito Castro, Simón; Guerrero, Amnistía y Represión; Ed. Grijalbo, México, 1982.
Montemayor, Carlos; Guerra en el Paraíso; Planeta/Joaquín Mortiz/CONACULTA, Col. Narrativa Mexicana Actual, España, 2000.

Tema 7. Aniquilamiento de la guerrilla rural en Guerrero
Objetivo: Que los participantes en esta sesión interpreten la guerra de contrainsurgencia, en su modalidad de exterminio que se aplicó en el Estado de Guerrero
Desglose:
- La adopción de la estrategia de contrainsurgencia por parte del ejército mexicano;
- Entre guerra de movimientos y guerra de posiciones;
- El secuestro de Rubén Figueroa;
- El ejército escala la guerra de contrainsurgencia al exterminio y genocidio;
- El aniquilamiento de la guerrilla rural en Guerrero;
- La acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de otras organizaciones armadas y su derrota.
Lecturas para la sesión:
Martínez Náteras, Arturo; El secuestro de Lucio Cabañas; México, 1986.
Miranda Ramírez, Arturo; El otro rostro de la guerrilla. Genaro, Lucio y Carmelo: Experiencias de la guerrilla; Ed. El Machete, México,1996.
Mora, Juan Miguel de; Lucio Cabañas: su Vida y su Muerte; Editores Asociados, No. Extra, Col. El Papalote, México, 1974.
Pineda Ochoa, Fernando; En las Profundidades del MAR, (El oro no llegó de Moscú); Plaza y Valdés editores, México, 2003.
Suárez, Luis; Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza; Ed. Roca. México, 1976. Reedición 1985.
Tello Díaz, Carlos; La rebelión de las cañadas; origen y ascenso del EZLN; Ediciones Cal y Arena, México, 2000 (Edición corregida y aumentada).


Tema 8. De la rebelión estudiantil a la guerrilla
Objetivo: Que los participantes en esta sesión interpreten los procesos sociales que enmarcaron la radicalización de los grupos estudiantiles y su opción por la vía armada para modificar las condiciones políticas del país.
Desglose:
- La universidad como espacio de fuerza política para incidir en la sociedad;
- La ideologización y el proceso de radicalización de los grupos estudiantiles;
- Las juventudes comunistas de México, el espartaquismo y el movimiento de izquierda revolucionaria estudiantil;
- La Universidad Autónoma de Puebla, la de Sinaloa, la de Guadalajara, la de Guerrero, la UNAM;
- Los cristianos desbordan sus iglesias, los colonos desbordan las organizaciones sociales;
- La opción armada.
Lecturas para la sesión:
Alonso Vargas, José Luis; Los guerrilleros mexicalenses; documento inédito, versión 2004.
Comité Político Militar “Arturo Gámiz García”; Diario de Campaña de Oscar González Eguiarte (1967-1968); mimeógrafo, 1968.
Gámiz, Arturo; La Participación de los Estudiantes en el Movimiento Revolucionario; Mimeógrafo, 1964.
García Gómez, Daniel Carlos; Fulgor rebelde; Filo de Agua, Colección Fuego Fresco; México, 2006.
Liga Comunista 23 de Septiembre, Plan Nacional de Trabajo, reproducción Brigada Roja, México, 1979.
López Limón, Alberto; Historia de las organizaciones políticas militares de izquierda en México (1960-1980) Tesis doctoral. FCP y S-UNAM, México, 2003.
López, Jaime; 10 años de guerrillas en México, 1964-1974; Colección Duda, Ed. Posada, México, 1974.

Tema 9. De la rebelión armada al aniquilamiento de la guerrilla en el país
Objetivo: Que los participantes en esta sesión interpreten el proceso que siguió la guerrilla urbana en México. El surgimiento que tuvo, la plataforma ideológica que la caracterizó, las acciones que emprendió, el proceso de unificación y de disgregación que tuvo hasta su aniquilamiento. De igual modo, la acción que el Estado implementó para infiltrarla, controlarla, cercarla y aniquilarla. Analizar la repercusión que estos procesos han tenido en nuestra sociedad.
Desglose:
- El surgimiento de organizaciones armadas. Guajiros. Movimiento de Acción Revolucionaria, Lacandones, Frente Urbano Zapatista, los Macías, Comando Armado del Pueblo, los Procesos, Frente de Liberación Nacional, Partido Proletario Unido de América, Frente Estudiantil Revolucionario, Unión del Pueblo, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, Los Enfermos;
- La decisión de unirse orgánicamente, la organización partidaria y la Liga Comunista 23 de Septiembre;
- Su estrategia de implantar la guerrilla, el periódico Madera;
- Intentos de la liga por implantar una guerrilla rural;
- Resultado de sus acciones militares y la militarización de la LC23S
- La acción del Estado;
- Pugnas internas de la Liga, su disolución y su reestructuración;
- Los grupos armados después de la disolución de la Liga;
- Derrota militar de la Liga y aniquilamiento de sus integrantes.

Lecturas para la sesión:
De Dios Corona, Sergio René; La Historia que no Pudieron Borrar. La Guerra Sucia de Jalisco, 1970-1985; La Casa del Mago, Col. Larga, larga herida, México, 2004.
Glockner, Fritz; Cementerio de papel. Las historias de violencia y muerte se vuelven a escuchar en el viejo Lecumberri; Ediciones B. México, 2004.
Ibarra Chávez, Héctor; Pensar la guerrilla en México; CIHMA, México, 1996
Laguna Berber, Mauricio; Cronología de la Liga Comunista 23 de Septiembre; obra inédita.
López de la Torre; Guerras secretas. Memorias de un Ex-guerrillero de los setentas que ahora no puede caminar; Artefacto, México 2001.
Movimientos Armados en México 1917-1994; El Universal, tt. I-III, México, 1994.
Robles Garnica, Guillermo; Guadalajara: la guerrilla olvidada. Presos en la isla de la libertad; La Otra Cuba, México, 1996.
Rubio Zaldívar, Andrés; Tesis sobre el Movimiento Armado en Chihuahua; Ediciones EPMAT, A. C., México, 1995.
Salcedo García, Carlos; Grupo Guerrillero Lacandones. La Luz que no se acaba; Símbolo Digital, México, inédito.
Sánchez Martínez Barreda, Sergio Arturo; La Guerrilla y la Lucha Social en Sinaloa: 1972-1974; Tesis de Maestría en Historia Regional, Facultad de Historia, Universidad Autónoma Sinaloa, México, 2000.
Sierra Villarreal, José Luis; Nazar Haro: La guerra sucia en Yucatán; CEPSA Ed., México, 2004.
Tello Díaz, Carlos; La rebelión de las Cañadas. Origen y ascenso del EZLN, México, Ediciones Arena


Tema 10. La guerra no convencional. Guerra fría, guerra de baja intensidad, guerra de guerrillas; doctrina de seguridad nacional
Objetivo: Que los participantes en esta sesión interpreten las estrategias y tácticas seguidas por el movimiento guerrillero y por el Estado mexicano, a la luz de los conceptos que se manejaban respecto a la guerrilla y contraguerrilla.
Desglose:
- La guerrilla y los teóricos de la guerrilla: Mao Tse Tung, Vo Nguyen Giap, Ernesto ‘Che’ Guevara, Carlos Marighela.
- La contraguerrilla. La escuela francesa, la estadounidense y la de las dictaduras latinoamericanas;
- La adopción de la guerrilla como estrategia de lucha en México;
- La Escuela de las Américas en la adopción de la contraguerrilla en México;
- Doctrina de la seguridad nacional.

Lecturas para la sesión:
Chomsky, Noam; El Miedo a la Democracia; Crítica Barcelona, Biblioteca de Bolsillo, No. 63, España, 2001.
Guevara Ernesto; “La Guerra de Guerrillas”; en Ernesto Che Guevara. Escritos y Discursos, Ed. de Ciencias Sociales, t. I, Cuba, 1977.
Mao Tse Tung; On Guerrilla Warfare. Selected Works of Mao Tse Tung Vol IX. Obra en Internet. http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1937/guerrilla-warfare/
Marighella, Carlos; Mini Manual del Guerrillero Urbano http://nodo50.org/puzlea/marighella.htm.
_____; La guerra revolucionaria; Diógenes. 1ª Ed. México, 1970
_____; Teoría y acción revolucionaria; Diógenes. 1ª Ed. México, 1971
Robin, Marie-Monique; Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa. Ed. Sudamericana, 2005.
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Vicaria de la Solidaridad; Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional; Editorial Vicaria de la Solidaridad, II Volúmenes, Santiago de Chile, 1977.


Tema 11. Crímenes de lesa humanidad y el derecho internacional de los derechos humanos
Objetivo: Que los participantes en esta sesión analicen a la luz del derecho los graves crímenes cometidos por el Estado en el control de la disidencia pacífica y combate a la insurgencia armada. Los derechos que no pueden sufrir menoscabo ni en estado de sitio o de excepción, ni en estado de guerra. La imprescriptibilidad de ciertos delitos. La responsabilidad y juicio a que deben de ser sometidos los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Desglose:
- El derecho internacional de los derechos humanos
- Delitos de lesa humanidad. Tortura sistemática con secuestro de la víctima. Desaparición forzada. Ejecuciones extrajudiciales. Tortura permanente a los familiares de desaparecidos.
- El aniquilamiento de los integrantes de los grupos armados;
- Estado totalitario y crímenes de Estado. Complicidad legislativa, judicial y del aparato del Estado.

Lecturas para la sesión:
Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura; en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. III, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. II, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. II, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
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Tema 12. Crímenes de guerra y el derecho internacional humanitario
Objetivo: Que los participantes en esta sesión analicen la importancia de regular los conflictos armados; las condiciones que se establecen para el derecho internacional opere en guerras no internacionales; los derechos que los Estados tienen en estos conflictos; la forma en que el Estado mexicano actuó contraviniendo tales normas; las responsabilidades penales a que el Estado queda sujeto al cometer estos crímenes.
Desglose:
- El derecho internacional humanitario de derechos humanos
- De la contrainsurgencia al genocidio en el Estado de Guerrero;
- Crímenes de guerra. Bombardeo. Aldea Vietnamita. Desaparición forzada. Tortura a los heridos. Rehenes. Cerco de hambre a la población civil. Vuelos de la muerte. Terrorismo de Estado, Perversión de la justicia militar.

Lecturas para la sesión:
Comité Internacional de la Cruz Roja; El derecho de la guerra. Cuadernos pedagógicos para instructores; Ginebra, 1995.
Comité Internacional de la Cruz Roja. Servicio de Asesoramiento en DIH; ¡Qué es el derecho internacional humanitario!/ Derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Analogías y diferencias/ Salvando la distancia entre los derechos humanos y el derechos humanitario: la sanción de los infractores. Ginebra Suiza. Página Web.
Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad; en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. II, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña; en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. III, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Convenio de Ginebra Relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra; en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. III, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Convenio de Ginebra Relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra; en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. III, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg; 8 de agosto de 1945.
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I); en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. III, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter internacional (Protocolo II); en Instrumentos Internacionales Sobre Derechos Humanos ONU-OEA, t. III, Rodríguez, Jesús (comp.), CNDH, México, 1994.
Radilla Martínez, Andrea; Voces acalladas (Vidas Truncadas), Perfil biográfico de Rosendo Radilla Pacheco; UAG, México, 2002b.


Tema 13. Comisiones de la verdad y justicia transicional
Objetivo: Que los participantes en esta sesión disciernan las características de cambio sociopolítico que se requieren para la creación de una comisión de la verdad que ponga condiciones para la justicia transicional. Que analicen la experiencia de estas comisiones en el mundo, en América Latina y de investigación histórica de crímenes del pasado en México. Que refieran las condiciones que se deben establecer para avanzar en las tareas requeridas.
Desglose:
- Razón de ser de las comisiones de la verdad (CCV) o comisiones extrajudiciales de investigación (CEI);
- Condiciones políticas de transición que se requieren para el establecimiento de la una CCV;
- Participación de la sociedad civil y requerimientos por parte del Estado;
- Resultados que se exigen a una CCV;
- Principios por los que se rigen las CCV;
- Comisiones de la Verdad en América Latina y en el mundo;
- Justicia Transicional;
- La pertinencia de una Comisión de la Verdad en México y de asumir el reto de la justicia transicional.

Lecturas para la sesión:
Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas; Nunca Mas; Editorial Universitaria de Buenos Aires, CONADEP, 7ma. ed., Buenos Aires, Argentina, 1985.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico; Guatemala, Memoria del Silencio; Obra Completa, Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, Guatemala, 1999.
Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México; 1977-1987 ¡Diez Años de Lucha por la Libertad!; México, 1987.
De González Mariscal, Olga Islas; Derechos de las víctimas y de los ofendidos por delito; UNAM-CDHDF, México, 2003.
Memoria del Seminario internacional Comisiones de la Verdad: Tortura, reparación y prevención, y del Foro Público Comisiones de la Verdad: Perspectivas y alcances. El caso de México; CDHDF, México,2003.
Voto razonado del juez Antonio Augusto Cançao Trinidade. 2000.11.25 Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Tema 14. Investigación histórica de los movimientos sociales contemporáneos
Objetivo: Que los participantes en esta sesión perciban el carácter de una investigación histórica sobre hechos recientes, así como las dificultades del manejo de información obtenido de organismos de seguridad de organizaciones clandestinas.
Desglose:
- La investigación histórica. Características y requerimientos;
- Macro, meso y micro historia. Historias matrias;
- La contrainsurgencia en poder de quienes controlan la información;
- Las policías políticas de México y los archivos del horror;
- La obtención ilegal de información clasificada;
- Encriptar la información para evitar que sea utilizada por quienes la pudieran obtener de manera no autorizada por el organismo que la genera;
- Las organizaciones radicales y su necesidad de compartimentalizar la información que afecta la seguridad de su organización y de sus integrantes. Su necesidad de alterar la información importante y de no dejar huella, como reglas básicas del clandestinaje;
- El manejo de información alterada por los órganos de seguridad y necesariamente confiable proporcionada por personas en el clandestinaje o por motivo de la tortura.

Lecturas para la sesión:
Aguayo Quezada, Sergio y Bailey, John (Coord.); Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición; Siglo XXI, México, 1997.
Aguayo Quezada, Sergio y Bruce Michael Bagley (comp.); En Busca de la Seguridad Perdida. Aproximaciones a la Seguridad Nacional Mexicana; Siglo XXI, Col. Sociología y política, México, 1990.
Aguayo Quezada, Sergio; 1968: los archivos de la violencia; México, Grijalbo, Reforma, 1998.
__________; La Charola, Una Historia de los Servicios de Inteligencia de México; Grijalbo, Col. Raya en el Agua, México, 2001.
González, Luis; El Oficio de historiar; El Colegio de Michoacán, 2003.

Tema Clausura: mesa redonda
Objetivo: Que los participantes en esta sesión hagan un balance del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del seminario y presenten propuestas para la profundización de los temas de mayor interés.

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El informe del Fiscal omite temas fundamentales incluidos en el Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que se le entregó el 15 de diciembre de 2005

Los autores del Informe ¡Qué no vuelva a suceder!, aportamos los siguientes elementos de análisis para la lectura del Informe que el Fiscal dio a conocer a la opinión pública[1] y que subió al portal de Internet de la PGR este 18 de Noviembre de 2006 en relación con los crímenes de lesa humanidad que el Estado mexicano cometió para controlar y aniquilar los movimientos sociales y políticos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial:

1.- El Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006, que presentó censurado el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto se basa casi exclusivamente en el Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que el Coordinador General del equipo histórico José Sotelo Marbán le entregó el 15 de diciembre de 2005[2]. Dicho Informe debía de haber sido presentado por el Presidente de la República de quien se esperaba que pidiera perdón y asumiera las responsabilidades de Estado que se derivan de los crímenes allí documentados[3].

2.- ¿Qué tanto modificó el Fiscal a lo largo de un año el Informe que recibió del equipo histórico, para elaborar el suyo? El Fiscal tuvo once meses para modificar un texto que el equipo histórico elaboró en nueve meses. Las diferencias que hay entre ambos son las siguientes:

a) El Informe del Fiscal elude las responsabilidades del Estado, tanto las que se cometieron al realizar los crímenes de lesa humanidad referidos en el Informe, como las que se cometen ahora al no lograr una justicia efectiva en el juicio histórico al que deben de ser sometidos los responsables de tales crímenes. También elude las responsabilidades que se derivan de reconocer oficialmente en el Informe estos crímenes y que son de dos tipos, las de reparar en lo posible los daños cometidos a víctimas y familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por el Estado, y las de modificar las condiciones estructurales para que no se repitan esos hechos.
Del texto original del Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que el equipo histórico le entregó al Fiscal, fue censurado el Capítulo 14 ‘Conclusiones y Recomendaciones’ que fue completamente eliminado. En dicho capítulo se presenta el análisis y las propuestas de política a seguir respecto a temas tan importantes como son: Los motivos de la rebelión y la violencia estructural a que responde; el uso innecesario, excesivo y criminal de la fuerza por parte del Estado; las condiciones que lo permitieron y la gravedad de que el Estado hubiera incurrido en crímenes de lesa humanidad; la necesidad de revisar y modificar el marco institucional del ejército, como el DN-II y el código militar que posibilitan llamar al ejército para tareas de seguridad pública y de policía; la imperiosa necesidad de dar cuenta de los detenidos desaparecidos; la obligatoria necesidad de no permitir la impunidad; la obligación del Estado de reparar, en lo posible, el daño a las víctimas; el darle contenido de justicia a la legalidad en nuestro país; el profundizar la investigación de estos hechos –ya que el equipo histórico no contó con las condiciones para realizar debidamente la investigación-; y darle a la sociedad civil el espacio de participación y de control para el cumplimiento de estas recomendaciones.
También se suprimieron del texto original partes de otros capítulos. Elimina temas tan importantes como son: la persecución política que sufrió la oposición (capítulo 10); los mecanismos que el Estado utilizó para corromper el poder (capítulo 11); partes sustantivas del derecho a la verdad (capítulo 12); y las tareas que realizaba el equipo histórico al tiempo que fueron interrumpidas por el Fiscal (en capítulos 1 y 13).

b) El Informe del Fiscal modifica del texto original la conceptualización de varios crímenes de lesa humanidad y minimiza, tanto cuanto le es posible, la responsabilidad del ejército en los crímenes que cometió. El Informe del Fiscal cambia la terminología que en el texto original le damos a ciertos crímenes como la ‘desaparición forzada’, a la que él le quita la palabra ‘forzada’, o bien la reclasifica como ‘privación ilegal de la libertad’. El concepto de ‘crímenes de guerra’ lo modifica por el de ‘violaciones al derecho internacional humanitario’. Los términos de ‘campos de concentración’ y ‘aldea vietnamita’ los modifica por ‘centros ilegales de detención’, ‘centros de detención clandestinos’ y ‘poblaciones cercadas’. Las ‘masacres’ las reporta como ‘homicidios’. Otra constante en el Informe del Fiscal es que le quita fuerza a los señalamientos que en el texto original se hacen por la actuación del ejército y elimina todas las propuestas que se presentan a fin de modificar algunas tareas encomendadas al ejército que han ocasionado la mayor cantidad de violaciones que se acreditan en el informe histórico. Cada vez que le es posible, el Fiscal elimina como sujeto de diversas violaciones al ‘ejército’ cambiando el sujeto de la frase a un genérico de verbos pasivos, o bien cambiando el sujeto ‘ejército’ al de ‘fuerzas de seguridad’; asimismo elimina los párrafos en que se documentan graves violaciones que el ejército comete y un apartado completo en el que se analizan estos hechos. En ocasiones es tan burdo este recorte que la frase queda incompleta sin sujeto o sin complemento. Así, el Fiscal elimina todo el apartado referido a la forma como el ejército realizó actos delictivos que deja en la impunidad a pesar de haber sido denunciados por los pueblos, así como el referido a la protección que brinda a los caciques, y los crímenes que el ejército realizó con sevicia en contra de simpatizantes de Genaro Vázquez.

c) Los capítulos de reconstrucción histórica que Fiscal presenta en su Informe son copia, casi exacta, del texto original que le entregamos en el Informe ¡Que no vuelva a suceder! incluyendo el soporte documental y testimonial, que le entregamos un año antes; sin embargo, la censura que hace del texto original para ocultar la responsabilidad del Estado modifica de fondo la percepción de la realidad que encontramos, atenta en contra del derecho la verdad y carece de sentido ético..Su gran acierto fue conservar el soporte documental y testimonial que respalda la reconstrucción histórica y el análisis de violaciones a los derechos humanos y el texto que en ellos descansa. En algunos casos, como los referidos al movimiento estudiantil, el documento del Fiscal tiene el mérito de añadir datos del área ministerial que fortalecen el texto original.


3.- Para el Fiscal su obligación respecto al Informe termina con darlo a conocer. Para quienes hicimos la investigación y el texto original este informe es parte de una tarea general mucho más amplia y ambiciosa. Una tarea más amplia porque la investigación no ha concluido. El Fiscal, cuando nos impidió el acceso a las instalaciones, cortó el trabajo que estábamos realizando de obtener los expedientes para profundizar en la investigación, estábamos en proceso de ampliar las consultas y testimonios, de armar los expedientes de todas las desapariciones forzadas que acreditamos[4]; de armar la reconstrucción histórica de cada una de las organizaciones que intervinieron en el movimiento armado; de elaborar los registros de más de ocho mil actores sociales que intervinieron en este proceso; de organizar la documentación para que pudiera ser consultada. También consideramos que la tarea que realizamos es mucho más ambiciosa que presentar un Informe porque el verdadero término de la investigación será al rendir cuentas de lo que sucedió a los desaparecidos a partir de los expedientes que acreditan que quedaron en manos de agentes del Estado y de sentar bases para sustentar la exigencia de que no haya impunidad.

4.- A finales de 2004 el Fiscal encargó a José Sotelo la elaboración de un Informe histórico que incluyera, además de la guerra sucia en Guerrero que ya venía trabajando desde abril de 2002, los movimientos estudiantiles y armados en el país. El Fiscal le dio esta encomienda, pero se desatendió por completo de propiciar las condiciones materiales para que se realizara. El equipo de investigación contratado trabajó en condiciones precarias, con un rezago en sus pagos de hasta nueve meses[5]. La Fiscalía no proveyó viáticos para el trabajo de campo, ni de computadoras indispensables. El Fiscal tardó seis meses en autorizar que los investigadores ingresaran a los acervos de la Dirección Federal de Seguridad al Archivo General de la Nación. Con ello entorpeció de manera significativa el trabajo. Todos estos obstáculos los tuvo que remediar el equipo histórico con su sacrificio, su esfuerzo, sus equipos de cómputo, y con sus recursos. El 13 de febrero de 2006 el Fiscal despidió al equipo de investigación histórica, sin habernos pagado sueldos que adeudaba desde principios de julio de 2005. Hemos tenido que recurrir a la demanda laboral. Ha transcurrido más de un año y medio sin que nos haya pagado.

5.- Por la forma como el Fiscal hace público el Informe, el Presidente de la República elude la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad que se documentan en el Informe. Las omisiones en que incurre el Informe respecto al texto original que le entregamos, la falta de aval político por parte del Procurador General de la República para su reconocimiento como documento oficial, y el vacío que el propio Presidente de la República hace en torno al Informe reflejan “una estrategia del Presidente Vicente Fox” -- como lo señala HRW – “para desligarse de la instancia que él mismo creó y evitar así reconocer la responsabilidad del Estado en delitos de lesa humanidad”.

6. Se anuncia la desaparición de la Fiscalía cuando no ha terminado con sus funciones para las que fue creada, denegando así el derecho a la justicia. No confundamos la incapacidad del Fiscal para concluir equivocadamente que esa instancia desaparezca y demos por sentada la impunidad.

En consecuencia de lo anterior consideramos necesario que:

1.- El Estado mexicano cumpla con su compromiso de informar sobre el destino de todas las personas que sufrieron desaparición forzada, y se le informe a la sociedad las circunstancias en que tales hechos ocurrieron. Los familiares tienen derecho de conocer la suerte actual o final del desaparecido y, en su caso, de que se le reintegren sus restos. La investigación histórica debe profundizarse hasta dar con el paradero de los que buscamos. Eso es posible solamente si se cuenta con un fuerte respaldo político; de otra manera sería muy peligroso avanzar en esa investigación y, muy probablemente, inconducente.

2.- El Estado mexicano no deje en la impunidad los graves crímenes que documenta el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006 que presentó el Fiscal como documento oficial, a pesar de que sea un documento censurado. Este reclamo se deriva del derecho a la justicia que es una cuestión impostergable. Se requiere de rehacer el proyecto ministerial con el apoyo de organismos que tienen experiencia en la materia y con la formación de un equipo verdaderamente profesional que se someta a continua formación para sacar exitosamente los casos.

3.- El Estado mexicano repare el daño y el honor de quienes dieron su vida al rebelarse contra la opresión y a quienes afectó en su integridad personal. Esta tarea es urgente. Los deudos se están muriendo en la desesperanza de que se haga justicia, de que se encuentre el destino de su ser querido y sin que tenga restitución alguna de los enormes daños que el Estado mexicano le infligió.

4.- El estado modifique las condiciones que propiciaron la rebelión y las que hicieron posible que el Estado actuara criminal e impunemente. La República necesita reconfigurar instituciones que deben de ser queridas por el pueblo y no su azote.

5.- El Estado haga un reconocimiento oficial pleno de los crímenes en que incurrió durante este periodo, que lo haga dignamente y que reconozca su responsabilidad.

6.- El Estado presente a la sociedad la verdad completa de lo ocurrido. Asimismo debe de poner a disposición la documentación que el equipo histórico recopiló. La sociedad mexicana tiene el derecho a la verdad.

7.- Se paguen a la brevedad los adeudos que la FEMOSPP tiene con sus trabajadores. Al no haberles pagado su sueldo les ha causado un daño enorme.

8.- Estado asuma oficialmente las responsabilidades que se derivan de los crímenes que se han documentado. La Fiscalía no debe de cerrarse sin haber cumplido con su cometido. Cerrarla significa un adelanto de una previsible denegación de la justicia. El nuevo Fiscal debe de provenir de una consulta seria con la sociedad civil, con la academia, con los afectados y con los organismos que han mostrado mayor sensibilidad a que se resuelva el problema de las desapariciones forzadas, del castigo a los culpables, y de poner en marcha la justicia transicional. El nuevo Fiscal debe convocar a la credibilidad y debe de tener fortaleza y respaldo institucional. No se le puede dejar a la deriva como la actual institución que anda naufragando desde hace buen tiempo.

9.- Sin toda esta plataforma de acción, difícilmente se puede llegar al perdón y a sanar las hondas heridas en nuestra sociedad. El Informe ¡Que no vuelva a suceder! tiene propuestas en todos estos ámbitos. Es importante que no se pierda la que pudiera ser última oportunidad del régimen para resolver el problema de la impunidad, de la reparación del daño y de mostrar que hay un interés genuino de lograr una justicia transicional, si es que la transición puede darse en las actuales condiciones.
Autores del Informe ¡Que no vuelva a suceder!
[1] Boletín 1479/06 del 18 de noviembre de 2006 de la PGR en que el Procurador anuncia oficialmente que el Fiscal le entregó el Informe
[2] La referencia al Informe histórico puede dar lugar a confusión ya que hay tres documentos: El Informe histórico a la sociedad mexicana 2006, que es el que el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto subió a la rede de internet en el portal de la PGR el 18 de noviembre de 2006. El Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que el Coordinador General del equipo histórico le presentó al Fiscal el 15 de diciembre de 2005. Y el llamado Informe filtrado que no es un documento unitario sino la integración de varios capítulos que estaban en distinto proceso de redacción; estos ‘retazos de informe’ forman parte de la documentación que el equipo histórico estaba elaborando para entregar el Informe ¡Que no vuelva a suceder! La Sra. Kate Doyle los obtuvo y los subió al portal del National Security Archives http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index.htm el 25 de febrero de 2006. Tras la aparición de estos archivos electrónicos varios periódicos del mundo recogieron la noticia y, el gobierno mexicano, en lugar de atender el fondo del asunto, se abocó al escándalo de la filtración y a perseguir a los autores del Informe ¡Que no vuelva a suceder!, culpándolos infundadamente del ilícito.
[3] La Recomendación 26/2001 es la única que la CNDH ha hecho a un Presidente de la República y fue en respuesta a esta que el 27 de noviembre de ese año se constituyó por decreto presidencial la FEMOSPP y se posibilitó la investigación del Informe Histórico. Correspondía pues a esta alta investidura dar cuentas a la sociedad de los avances y logros en la materia y asumir las consecuencias de los resultados de investigación.
[4] Cuando el Fiscal despidió al equipo histórico el 13 de febrero de 2006 lo hizo interrumpiendo una tarea importantísima que estábamos realizando, que incluía la elaboración física de expedientes por caso de las 644 desapariciones forzadas que el equipo histórico pudo acumular evidencias e incluso acreditar.
[5] El primer contrato que se hizo a los investigadores de septiembre a diciembre de 2004 la Fiscalía lo pagó a fines de abril de 2005; el segundo contrato que lo limitó al primer semestre de 2005 lo pagó en septiembre de ese año, nueve meses después. El trabajo realizado a partir del segundo semestre de 2005 y primeros meses de 2006 no lo ha pagado aún. En todo momento la Fiscalía escamoteó pagar el nivel debido de salario. A la muerte de uno de los investigadores, Luis Ponce, la Fiscalía no pagó siquiera los gastos para la funeraria ni para enviar sus restos a los familiares, tampoco pagó a la pequeña hija que dejó las compensaciones de ley a que tenía derecho su padre.

17:30 del 3 de noviembre del año 2006. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos, hasta el momento hay 62 personas desaparecidas luego del enfrentamiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) con estudiantes en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Los nombres de los desaparecidos son:

Rodolfo Ruiz Hernández León
Marvin Peralta Hernández (Penitenciaría Tlacolula)*
Diego Hernández López
Gerardo Jiménez Vázquez
Félix Jiménez Daman
Pedro X
Víctor Ruiz García
Trinidad Michel López
Carlos Alberto Hernández Cárdenas
Abel Martínez
Luis Antonio Félix
Jaime Gaspar Ruiz
Juan Alberto Vázquez
Ubaldo García Guzmán
Héctor Guzmán Acosta (Penitenciaría Cuicatlán)*
Isabel Galindo Aguilar (Penitenciaría Cuicatlán)*
Amado Aguilar (Penitenciaría Cuicatlán)*
Javier Moreno Colmenares
Ángel Santos Callejos Rodríguez
Juan José Flores Cruz
J. Antonio Aparicio García
Francisco Núñez Bazán
Alfonso Rutilio García
Hugo Jarquin
Daniel Olmedo
Inti Misael Martínez Rafael (detenido en Cuicatlán)*
Diego Nicolás Hernández
Fernando Ruiz Santos
Marcos García Martínez
Fermín García Silva
Amado Agustín Bautista
Carlos Javier Alarzán
Bulmaro Martínez González
José Daniel Carreño Cruz
Elivol Martínez González
Sergio Rojas Juárez
Francisco Fernández Aragón Morales
David Ricardo Ramírez Zárate
José Ángel García Hernández
David Huesca Hernández
Aldo Hernández Jiménez
Samuel Ortiz
Armando Rojas Galán
Máximo Reyes Pérez
Víctor García
Ángel Soto Gallegos
Roberto Natalio Ramírez Zárate
David Ramírez Zárate
Natalio Roberto Ramírez Sánchez
Félix Ricardo Méndez Venegas
Juan Crisóstomo Aparicio
Martín Cruz Rodríguez (Penitenciaría Tlacolula)*
Eduardo Hernández Mendoza
Teodoro Aquino Bolaños
Teodoro Tiño Verado
Valentín Pérez Hernández
Isaías Vázquez Mireles
Bulmaro Elías Martínez Hernández (detenido en Cuicatlán)*
Néstor Ruiz Ruiz
Israel Velasco Pacheco (Penitenciaría Miahuatlán)
Paulo Ramírez Rosas (Penitenciaría Miahuatlán)
Felipe Pérez Tomás

Versión taquigráfica del segundo encuentro sobre "La importancia de aclarar los delitos del pasado"

Carmen Aristegui: Vamos a dar inicio a este segundo encuentro que se ha organizado con todos ustedes, anticipándonos a lo que va a ser la presentación pública del informe histórico “Que no vuelva a suceder” con los resultados de investigación y las conclusiones de un grupo de profesionales, que ya conocimos a través de revelaciones en la prensa y que, esperemos, algún día de estos se de a conocer oficialmente. Este es el punto de referencia del encuentro al que nos convoca CENCOS, que agradezco mucho me hayan invitado.

Desde que se instaló la FEMOSPP se generó la idea de que se investigarían los agravios que se cometieron en contra de la sociedad mexicana, los crímenes que el Estado cometió para controlar los movimientos estudiantiles y sofocar la disidencia social. En lugar de crear una Comisión para la Verdad, el Presidente Fox creó la Fiscalía que se encargaría de perseguir la justicia y de reconstruir la historia que se le quiso ocultar a nuestro pueblo. El 15 de diciembre del 2005 el Fiscal tuvo en sus manos el informe histórico “Que no vuelva a suceder”, al que hacemos referencia, que le fue entregado por el equipo que realizó la investigación. El 23 de febrero se supo que una parte de este informe había sido filtrado y estaba disponible en una página web de una Universidad de los EU y en algunos otros medios de comunicación mexicanos. El gobierno mexicano no le ha restado validez a los datos divulgados, pero ha insistido en que la información contenida en este informe no es oficial, por lo que el Estado no reconoce aún los crímenes ahí señalados. La Presidencia de la República ha dado a conocer que el informe está a revisión, le han llamado ‘borrador’. La fecha para darlo a conocer ha ido variando, el fiscal se dio como fecha límite el 15 de abril, Sábado Santo; la Presidencia señaló que se daría a conocer el 22 de abril, una semana después que les fue entregado; pasadas esas fechas, se responde que ya pronto se dará a conocer.

El informe presenta los resultados de investigación en torno a lo sucedido del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la guerra sucia en Guerrero y los movimientos armados. Son temas que tienen que ver con las desapariciones forzadas, el papel del ejército en el control de la disidencia social, la operación de las policías políticas, la subordinación de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo para ocultar y dejar impunes graves hechos delictivos. Los excesos del presidencialismo, en apariencia democrática, ejercía una dictadura o tiranía y era responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra de su propia población.

En vísperas de que el Estado asuma de manera oficial la historia que reconocerá estos hechos,
1.- ¿Cuáles serán las líneas básicas que nosotros debemos exigir que estén presentes en este informe?
2.- Al margen que se publique, ¿cuáles serían los escenarios que deben darse como consecuencia del reconocimiento de tales crímenes?, ¿Qué espera la sociedad del gobierno y de sí misma de lo que debería suceder, de existir una secuencia civilizada para asumir ese pasado?

Se pide a los participantes en este foro que fijen una postura, una definición en este debate. Que propiciemos la discusión en el momento previo en que, esperemos, el Estado mexicano asuma como propio, ya sea el informe ¡Que no vuelva a suceder!, ya sea con las modificaciones que el propio Estado pretenda hacer. En todo caso, urge es saber cuál es la postura, sí la va a haber, por parte del gobierno de Vicente Fox en este tema.

Miguel Concha iniciará esta serie de presentaciones. El es el Director del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Nos acompañan también Julio Mata, Director de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México; Jesús Ramírez Cuevas de La Jornada, y Pablo Tasso, del equipo de investigadores que elaboraron el Informe.

Miguel Concha tiene la palabra para iniciar este debate, esta discusión, Adelante…

Miguel Concha: En primer lugar agradezco a los compañeros y compañeras del Centro Nacional de Comunicación Social su invitación a este debate. Me siento muy honrado. Estoy muy contento de que esté aquí Julio Mata, Pablo Tasso, Jesús Ramírez y que modere nuestra mesa Carmen Aristegui. También me siento muy honrado de que este aquí Doña Rosario Ibarra de Piedra y las madres de los desaparecidos y desaparecidas que todavía se siguen reclamando, con toda legitimidad y justicia, y que todo esto no quede en la impunidad.

Voy a comenzar haciendo un breve repaso histórico desde la perspectiva de las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos. Ustedes recordarán que en el año 2000 las organizaciones de derechos humanos elaboraron una agenda mínima, que presentaron entonces a todos los candidatos a la Presidencia de la Republica. En esa agenda, el primer reclamo presente es el derecho a la verdad, porque desde la perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos, ese es un reclamo fundamental. El derecho a la verdad.

Yo quisiera a ese respecto, retomar algunos párrafos del informe que presentó Human Rigths Watch, hace apenas 15 días, sobre el cambio inconcluso, los avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox. Allí le dedica una parte a este asunto de la impunidad, de los crímenes del pasado. Este informe dice allí claramente: ‘Además de la obligación de investigar y enjuiciar, los Estados tienen la obligación de informar al público sobre las violaciones ocurridas. Esta obligación se deriva también, en parte, del deber de los Estados de prevenir futuras violaciones, tal como ha firmado la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Cita: “Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.” Y luego vienen una serie de citas del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, también, establece este derecho a la verdad por el que el Estado está especialmente obligado a facilitar información a los familiares de las victimas de desapariciones forzadas.

El Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas ha declarado que la angustia extrema infligida a los familiares de los desaparecidos los convierte también en victimas directas de violación. Al no informar a los familiares sobre el paradero de los desaparecidos, el Estado deja de cumplir con sus obligaciones básicas. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia ya de tipo judicial cuya competencia ha sido reconocida por el gobierno mexicano, ha señalado que la obligación de los Estados –de ofrecer reparaciones a las victimas de los abusos-, se traduce en una obligación de facilitar información a los familiares sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas.

Por eso nosotros les planteamos a los candidatos a la Presidencia de la República, el cumplir con este derecho de la sociedad, este derecho sobre todo de las victimas, y de las nuevas victimas que son los familiares de las victimas, de cumplir con este derecho a la verdad. En esa agenda mínima planteábamos este primer reclamo, el derecho a la justicia transicional que se da cuando la sociedad quiere, el pueblo quiere, dejar un régimen autoritario y quiere realmente construir y consolidar una democracia.

Pedíamos también el derecho a la justicia: Este deber de informar, de investigar las violaciones, debe ser entendido como un deber distinto al de llevarlas a juicio. Hay que investigar y, después, llevarlas a juicio. Y pone una cita de la Corte Interamericana: “El deber de investigar subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legitimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cual fue el destino de ésta y, en su caso dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a su alcance. Nosotros no reclamábamos estos derechos por un afán morboso, como muchas veces se ha dicho, por querer abrir heridas. De hecho, las heridas están abiertas en la sociedad, en las victimas y en los familiares de las victimas.

Tenía que haber verdad, justicia, reparación del daño y todo un rediseño de las instituciones de procuración y administración de justicia para que, efectivamente, se pudiera avanzar en una sociedad democrática, en un Estado democrático; que pudiera realmente haber, desde el punto de vista ético, una reconciliación verdadera. También quiero recordar aquí que, recién iniciados los trabajos de la Fiscalía, las organizaciones de derechos humanos hicimos varios encuentros sobre justicia transicional. Así se le ha llamado a esta tarea que en todos los países del mundo en donde se ha llevado a cabo y ha satisfecho verdad, ha satisfecho justicia y ha satisfecho la reparación del daño de alguna manera. No necesariamente desde el punto de vista económico, que muchas veces para las victimas y los familiares de la victima no es lo importante, sino una reparación del daño moral, ya que hay muchas maneras de llevar a cabo la reparación del daño. Y, después, una modificación de las instancias de procuración y administración de justicia.

Y siempre quisimos saber y preguntamos a la Fiscalía, ¡Siempre! desde que comenzó a funcionar en el año 2002, cuál iba a ser su marco jurídico nacional y su marco jurídico internacional, precisamente para que no se escabullera la obligación del Estado de cumplir. Y también a propósito de qué delitos va a consignar, ante quienes va a consignar –ante tribunales militares pues va ser una tarea pues muy perdida-, sino ante tribunales civiles. Desgraciadamente sentimos que todos esos reclamos, todas esas exigencias no fueron debidamente tomados en cuenta y, pues no hay resultados.

Pero ciertamente hay este Informe. Human Rigths Watch, en su reporte que presentó hace 15 días expresa esto, que yo comparto: “Quizá el logro más sustancial de la Fiscalía Especial, además de las consignaciones y el fallo favorable de la Suprema Corte, que dijo que el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio-secuestro, es un delito continuo –aunque la Fiscalía Especial no consignó por desaparición forzada cuando, desde el punto de vista de Human Rigths Watch y desde mi punto de vista podía haber consignado por la desaparición forzada, porque hay razones de tipo legal que avalan la desaparición forzada-. Pues quizás, dice, “el logro más sustancial de la Fiscalía Especial ha sido la elaboración de un ambicioso borrador de Informe sobre la historia de los crímenes que están siendo investigados.” Dice, “el informe preliminar sistematiza la nueva evidencia obtenida en los archivos secretos abiertos por Fox en el 2002, y la complementa con las declaraciones de testigos nuevos y previos para construir, de esta manera, la crónica más detallada hasta la fecha sobre el rol del Estado y en particular de los militares en numerosas atrocidades contra los derechos humanos. Este informe preeliminar es, en sí mismo, la evidencia más clara de que la Fiscalía Especial podía haber hecho mucho más.”

Según su autor principal, que es José Sotelo –está presente aquí y nos acompaña-, el informe contiene apenas una pequeña fracción de la información que habría recabado si se hubiera realizado una investigación más rigurosa. A pesar de ello, el informe revela que existe una gran cantidad de evidencia en los archivos del gobierno que implica a exfuncionarios y oficiales militares. Un volumen de documentación que nunca existió en países como Argentina y Chile dónde los agentes del ministerio público han sido capaces de procesar muchos crímenes similares. Dado el tipo de evidencia que actualmente se encuentra disponible, México debería lograr avances similares en la promoción de la rendición de cuentas por los abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado. Y eso aquí se recoge. Desgraciadamente para la elaboración de este informe hubo condiciones, circunstancias que en primer lugar entorpecieron mucho un trabajo más amplio, porque llegaron sin clasificar completamente del AGN todo lo que eran los archivos de la Dirección del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, y los archivos de la Presidencia, todo eso complicó muchísimo la cosa. Luego, los archivos que llegaron de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron con muy mala clasificación. Eso ya dificultó mucho el trabajo, no era suficiente personal y no contaban siquiera con recursos económicos para poder realizar una investigación más amplia. A pesar de todo, lograron una investigación muy importante ¡Muy importante! El gobierno de Vicente Fox tiene la obligación de informar oficialmente sobre esa investigación, en primer lugar a las victimas y a los familiares de los desaparecidos y desaparecidas, y a la sociedad en su conjunto.

Ellos hablaban de que van a debelar, nosotros hablamos de que tienen que informar. Ellos hablan de que iban a debelar a la sociedad, no el resultado de la investigación histórica. La fecha ha venido posponiéndose, quizás estén esperando que pase el periodo electoral. ¡Ojalá! No sea que están tratando de hacer otro informe ‘a modo’. Lo que necesitamos ciertamente, como sociedad, es que no se haga un informe ‘a modo’. Los mismos investigadores han dicho que este informe está incompleto, pero está incompleto por lo que acabo de decirles y porque la Secretaria de la Defensa Nacional no colaboró como se esperaba que colaborara y, luego también, porque muchas víctimas o víctimas de desaparecidos encontraron entorpecida su labor de investigación por acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya Julio Mata nos contará como al mismo tiempo que la Fiscalía iniciaba sus trabajos de investigación en Guerrero, pues la Secretaria de la Defensa Nacional también iniciaba la suya en lugar de colaborar con la Fiscalía Especial. Ellos hacían la suya, atemorizando con ello, intimidando con ello ‘de facto’ a posibles testigos.

El gobierno mexicano tiene detenido el Informe, pero no es porque lo que se haya investigado no sea cierto, no es porque no esté sustentado en la investigación que, con la escasez de recursos y en la precariedad de circunstancias de investigación, pudo realizarse. El reporte de Human Rights Watch dedica una parte enorme a este informe del que estamos hablando y le titula Informe Histórico. “Este borrador de informe” dice, “es importante por dos motivos: en primer lugar contiene nueva evidencia obtenida de los archivos secretos abiertos.” Aquí sí lo pone entre comillas, porque ya les dije cómo fueron abiertos por Fox en el 2002, incluyendo documentación procedente de los archivos militares que habían sido completamente inaccesibles en el pasado. Durante años la única evidencia disponible sobre estos abusos fueron los testimonios de las víctimas y de sus familiares, trabajosamente recopilados por grupos locales de derechos humanos. Y dice: “el informe fue más allá de lo proveniente de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad e incorporó documentos de las propias fuerzas militares que brindan información detallada sobre operaciones militares en Guerrero, cuando ocurrían las desapariciones, así como pruebas claras de que los militares regularmente detenían civiles.” En fin, claro que hay tareas pendientes, ciertamente, pero yo comparto la opinión de Human Rigths Watch, y del mismo director de las investigaciones que ha dicho que todavía queda como un 80% por investigar. Pero, por lo menos, tenemos un 20%, y tenemos derecho a saber qué fue de nuestros desaparecidos, que es un derecho a la verdad, un derecho humano, y que el Estado cumpla efectivamente con sus obligaciones de investigar.

Las organizaciones civiles de derechos humanos seguimos con este reclamo que les hemos estado entregando a los candidatos a la Presidencia de la República. A los candidatos al Congreso les hemos estado dando una serie de propuestas para que las asuman. Por cierto no han hablado. Allí tenemos aún los delitos del pasado, el acceso a la justicia y a la verdad. Una cuenta pendiente del Estado mexicano. El poder ejecutivo deberá mantener, perfeccionar y crear espacios plurales de diálogo con la sociedad civil para encontrar, conjuntamente, opciones viables para la prevención, investigación, sanción, reparación del daño para las victimas o sus familiares dentro de su obligación de generar la verdad, reconstruir la memoria histórica nacional, dar justicia integral y con ello recobrar la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno y fortalecer el estado de derecho en México.

El reporte de Human Rigths Watch propone también una serie de cosas que yo quisiera aquí recordar rápidamente y en las que estamos de acuerdo: Crear una Comisión de la Verdad pensando, primero, en que conozcamos el Informe con los hechos que encontró en la investigación y no reelaborado ‘a modo’; es decir, que se cumpla con esto de que vamos a debelar lo que sucedió y no ‘elaborado a modo’, porque luego dicen: No está bien porque está incompleto. Pues ya lo sabemos que está incompleto; pero eso que está ahí no es porque no esté avalado, fundamentado, documentado sino porque fue lo que se encontró.

Un último paso crucial para la conciliación de los esfuerzos pendientes a procesar estos casos consiste en establecer una Comisión de la Verdad provista de los recursos, con la especialización e independencia necesaria para avanzar en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial. Entonces, dada la enorme cantidad de información disponible en el AGN y la dificultad de rastrearla, la labor requiere de un equipo de investigadores de primera línea, provistos de los recursos, experiencia y especialización necesarios, porque se requiere esa calidad científica. De acuerdo con el director del equipo, la documentación de la Fiscalía Especial es material explosivo y requiere ser manejado con sumo cuidado, por eso se habla de una Comisión de la Verdad con características especiales, de profesionales. Varios periodistas que han trabajado extensamente sobre estas cuestiones rebelaron a Human Rigths Watch que creen que existen ex-militares y otros funcionarios que estarían dispuestos a suministrar información que se encuentra en su poder –por ejemplo expedientes de archivos personales- pero solo si tuvieran la certeza de que los destinatarios respetarían, por un lado su confidencialidad, y por otro harían un buen uso de la información. El buen uso es el derecho a la verdad y a la justicia.

La Comisión de la Verdad deberá ser un órgano independiente, no partidario, integrado por expertos, personas prestigiosas. Se le deberán asignar los recursos necesarios para que sea capaz de llevar investigaciones exhaustivas y justas. Se le debería exigir que opere con total transparencia. Se le debería conferir la facultad legal de obtener documentos y conseguir la cooperación de otras instituciones gubernamentales, por lo que habría que pensar en que esta Comisión de la Verdad fuera establecida por el poder legislativo. La Comisión de la Verdad no debería ser concebida como un sustituto de los juicios. No. Su objeto debería ser complementar la labor realizada por los agentes del Ministerio Público a cargo de estos casos, específicamente cuando obtenga evidencia incriminatoria. Debería transferirla a las autoridades judiciales pertinentes.

Concluyo diciendo que hay un derecho a la verdad que no ha sido cumplido. Hay un derecho a la investigación que tampoco ha sido cumplido. Hay un Informe –con limitantes procesales y circunstanciales- al que la sociedad debe de tener acceso, sobre todo las victimas y sus familiares tienen derecho. Que no estamos esperando la debelación. Es a la información a la que se tiene derecho y esperamos que, efectivamente, no sea una ‘información oficial a modo’.

Los derechos humanos no se negocian. Yo quisiera recalcar eso. Nuestros políticos están acostumbrados a negociarlo todo. Pero los derechos humanos, sobretodo cuando se trata de desapariciones forzadas de personas, de torturas, de crímenes de lesa humanidad ¡No se negocian! Entonces, que no haya en esto un cálculo político porque es la sociedad entera en sus reclamos de estado de derecho y de democracia la que queda comprometida de nueva cuenta.

Carmen Aristegui: Gracias a Miguel Concha. Sólo agregaría un comentario a lo que ha dicho Miguel sobre este informe de Human Rigths Watch. En conversación televisiva que sostuve con su representante Juan Manuel Vivanco me comentó sobre sus encuentros con el Procurador General de la República y con el Presidente Vicente Fox. Uno de los puntos era sobre el destino de la Fiscalía, si desaparece o no desaparece. Han dejado esta Fiscalía Especial en un limbo informativo, literalmente en un limbo real. Lo que ha dicho Vivanco sobre su encuentro con el Presidente Fox y los demás funcionarios es que él, como representante de Human Rigths Watchs, les recomendó que la Fiscalía no desapareciera; que encontró que el gobierno asumía una especie de compromiso para no desaparecerla; eventualmente para adelgazarla, pero no para desaparecerla. Lo dejo ahí por si alguien tenía duda de qué pasará con la fiscalía, que creo que es uno de los temas en este momento a preguntarnos y a resolver. Han habido una serie de declaraciones erráticas sobre si desaparece o no desaparece. En fin, lo dejo ahí como dato en conexión con lo que nos ha dicho Miguel esta mañana.

Julio Mata, fuiste ahora mencionado por Miguel en una de las partes de su exposición. Como director de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México, tienes la palabra.

Julio Mata: Muchas gracias. Primero al CENCOS que nos hace la invitación y a todas las personalidades que aquí se encuentran. Soy Julio Mata Montiel, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Victimas de los Derechos Humanos en México, AFADEM.

Primero, abordaré el punto de vista de nuestra asociación en torno a la Fiscalía. Para nosotros el haber participado en este proceso de la fiscalía implica remontarnos al congreso que AFADEM tuvo en 1999 en Acapulco, Guerrero, en el cual se señalaba que en México no hay acceso a la justicia por todo el proceso que hemos venido llevado desde los años sesentas. Para nosotros era necesario que toda la sociedad mexicana conociera el mayor número de casos de desaparición forzada que existen en México y nosotros, en ese momento, manejábamos ya una lista de más de 1000 casos de desaparición forzada. En ese momento se acuerda, también, acudir a instancias internacionales por los casos de desaparición forzada. No definíamos aún si iríamos a la Comisión Interamericana o a la ONU. Posteriormente definimos que era la Comisión Interamericana de la OEA a donde se tenía que hacer la denuncia. Se inicia así el proceso de seleccionar algunos casos y dejar constancia de que en México no hay acceso a la justicia, de dejar claro que en ese momento no había siquiera una ley concreta que prohibiera este delito y se pudiera castigar.

Forma parte de nuestros estatutos el impulsar a nivel estatal, federal e internacional leyes especiales que protejan a toda la población contra la desaparición forzada. Nos dimos, entonces, a la tarea de impulsar la Ley Federal Contra la Desaparición Forzada, al igual que leyes estatales como la del Estado de Guerrero que impulsamos junto con otras organizaciones de derechos humanos y que se logró establecer el año pasado. También se está trabajando, a través de la Federación Latinoamericana, la Ley Internacional Contra la Desaparición Forzada. Ya hay algunos avances.

En relación con lo que comentábamos de nuestro congreso, el hecho de empezar a llevar los casos a la justicia internacional era dejar claro que en México no había la posibilidad de llevar a juicio a los responsables intelectuales y materiales. Empezamos a llevar casos en el municipio de Atoyac de Álvarez ante el Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público no querían siquiera aceptar el caso, porque buscaban en sus códigos y no existía el delito. Tuvimos que tomar el edificio de la agencia nada más para que nos aceptaran de recibido y nos sellaran el caso. Ese fue el primer paso que hicimos y después presentamos el primer paquete de 14 casos ante la PGR en el año 2000. Para entonces ya habíamos denunciado un posible cementerio clandestino en la población de Tres Pasos de Río, municipio de Atoyac de Álvarez. Cuando presentamos esos 14 casos se nos informa que la CNDH estaba nuevamente recopilando materiales para hacer un informe especial sobre desaparición forzada. Esto nos llevó a una discusión interna. Muchos compañeros decían que no teníamos que colaborar con la CNDH por ser una instancia oficial. Otros opinaban que sí, que ese proceso se tenía que llevar de forma que se pudiera dejar registro de los casos y que se fuera constatando que la población, que las organizaciones y que la gente estaba buscando, de todas formas, el acceso a la justicia; que se buscaran a todos los detenidos desaparecidos, pero que no era posible desde las estructuras estatales. Que no era posible.

Entonces acordamos colaborar con la CNDH, proporcionarle testimonios, acompañarla a las comunidades para que la gente también lo haga. Obtener testimonios de viva voz, buscar fotografías y las evidencias que se tuvieran. Finalmente, la CNDH rinde su informe y, por consecuencia, se crea la fiscalía.

Nuevamente discutimos al interior de AFADEM si se colaboraba con la FEMOSPP o en qué grado. Se decide que sí se colabora, pero con reservas, dejando claro que no creíamos que la Fiscalía fuera a investigar el paradero de los desaparecidos, que iba a ser una instancia que quería nada más hacer tiempo y maquillar el sexenio foxista, porque lo que realmente le interesaba eran los acuerdos internacionales para dar paso a la cláusula democrática con la Unión Europea y traer dinero a los empresarios nacionales. Sin embargo, quisimos dejar claro que la población y los familiares buscan el acceso a la justicia y que es la estructura estatal la que no permite ese acceso a la justicia, que no hay voluntad política de parte del ejecutivo. Por lo que se decide, nuevamente, que participamos. Hemos sido coadyuvantes en alrededor de 400 casos, la mayoría del municipio de Atoyac de Álvarez y de otros lugares como el DF, Oaxaca, Hidalgo y Chihuahua.

Este es, a grandes rasgos, el proceso que vivimos con la Fiscalía que ha sido muy duro para nosotros. La Fiscalía tenía todos los recursos económicos y nosotros sin recursos. Siempre nos hemos movido en base a nuestros propios recursos. La Fiscalía pagaba gente, ofrecía proyectos productivos a los familiares, les ofrecía becas, los iba jalando. En Atoyac nos dividió en diferentes grupos. Hicieron infinidad de campañas en contra de nosotros diciendo que nosotros obteníamos dinero de la Fiscalía, que nos daban despensas, que nos daban muchas cosas, lo cual nunca fue cierto. Nunca hemos aceptado nada. Ninguno de nuestros compañeros ha sido parte de la Fiscalía. Nos invitaron a formar parte del Comité Ciudadano, algunos compañeros decían que teníamos que entrar y otros, por cuestión de principios, decíamos que no, que no era posible. Nuestro asesor jurídico nos planteaba que él sí quería pertenecer. Nosotros le planteamos que si era así, que cortábamos definitivamente nuestra relación. Así se ha dado la relación del AFADEM con la Fiscalía. Nosotros no queremos que se diga que por nosotros no se llevó a cabo una buena investigación y que somos un obstáculo para que la Fiscalía haga su trabajo. Finalmente nosotros aportamos lo que se tenía que aportar para que hubiera registro del mayor número de casos.

Pero, ¿A dónde llegamos finalmente? A unos meses de que empezamos a presentar casos o rendir nuestros testimonios nos enteramos, a través de la prensa, que la Fiscalía ya le había entregado un legajo a la Procuraduría Militar. Nosotros nos inconformamos con la Fiscalía. Incluso le pedimos por carta al fiscal que él tenía que oponerse a que los tribunales militares ejercieran presión. No estábamos de acuerdo, en absoluto, con esa situación. Hicimos algunos trámites. Sabíamos que el ejército es un poder en México y que para nosotros era imposible impedir que se hiciera cargo de la investigación. Podíamos únicamente dejarlo de manifiesto. La Procuraduría Militar llevó militares como agentes de Ministerio Público al municipio de Atoyac. Hizo campaña. Alrededor de 10 o 15 familiares estuvieron yendo al Ministerio Público Militar. Nosotros nos opusimos. Incuso los medios de comunicación se manifestaron allí a nuestro favor, en la televisión en Atoyac salían cintillos que decían: AFADEM recomienda que ningún familiar debe de asistir a la Procuraduría Militar, no deben ir a ese ministerio público. Salían constantemente. Casi a diario salía alguna nota nuestra con esa recomendación.

Carmen Aristegui: ¿No crees que valdría la pena retomar lo que dijiste y completar la idea que Miguel Concha planteó cuando se refería a ti, y que ahora apuntas cuando dices que la Fiscalía le entregó al ejército legajos que ustedes mismos les dieron? Es decir, en vez de que la Fiscalía llamara al ejército a colaborar con ella, es la Fiscalía la que le entregó información al ejército. Miguel apuntaba que, en lo que se realizaban las investigaciones de la Fiscalía, el ejército hacía paralelamente sus propias investigaciones. Valdría la pena que ampliaras el tema que apuntó Miguel.

Julio Mata: La Procuraduría Militar nos invitó a que fuéramos coadyuvantes con ellos. Dijimos que no, no podíamos. Nuestro asesor es Enrique González Ruiz, fuimos a la Fiscalía Militar y nos negamos rotundamente a colaborar. Los invitábamos a que se salieran de la investigación. Se rieron, dijeron que no, que ellos tenían el derecho porque eran militares. Nosotros argumentamos que, de acuerdo a instrumentos internacionales, no tenía que ser de esa manera. Finalmente los militares siguieron con el procedimiento que habían iniciado. Hablaban de un listado de ciento cuarenta y tantos casos. Nosotros encontramos ‘errores’ en ese listado de ‘desaparecidos’ que tenían, ya que había unos 6 u 8 casos de gente de Atoyac que había muerto recientemente de muerte natural o que estaban vivos. Ese listado iba a servir solamente para justificar que los militares no habían hecho nada. Eso también se lo planteamos a la Fiscalía. El señalamiento iba a servir para descalificar a los militares. Pero no ocurrió nada.

Creo que de los 12 familiares que acudieron al Tribunal Militar, 9 siguen yendo todavía con la esperanza de que le den dinero, o de que le digan dónde está su familiar, a pesar de que se dio cuenta de que, igualmente, nada más los engañaron.

Carmen Aristegui: Yo les pediría en al parte final de la mesa y de la exposición, tratar de contestar con mucha puntualidad sobre el tema al que nos convoca el CENCOS en relación con la presentación del informe. Valdría la pena que queden específicamente claras y redactadas, en términos de una coincidencia, de qué sí es lo que se le debe de exigir al gobierno de Vicente Fox que contenga ese informe, que estamos suponiendo que algún día será oficial, cuando el Estado mexicano se pronuncie, pues. Y esperemos que como arrancó este sexenio pueda terminar con este tema. Si uno de los asuntos que Vicente Fox eligió para arrancar con esta noción fundacional de un gobierno de la transición y de la alternancia, tiene que ver con este tema, hay que exigir, por lo pronto, que lo cierre con lo que tenga, que es este Informe y lo que en el camino venga.

Creo que, como parte básica de este encuentro y de esta serie de reflexiones y de discusiones, es el definir qué es lo que obligadamente el Estado mexicano tiene que reconocer en esa materia, a raíz de lo que han dicho todos ustedes. Le doy la palabra esta mañana a Jesús Ramírez Cuevas del diario La Jornada.

Jesús Ramírez Cuevas: Sí, gracias. Yo creo que es muy importante este debate que abrió el borrador del informe de la Fiscalía Especial. En la medida en que está resarciendo una deuda histórica del país, de la nación en su conjunto y no solo del gobierno, en relación al reconocimiento de la verdad de lo que ocurrió durante las últimas tres décadas, y básicamente durante finales de los años sesentas y durante los años ochenta.

El informe tiene la virtud de que con información oficial, con los archivos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, de la DFS y otros cuerpos de seguridad, se puede documentar –hay la información suficiente- para poder comprobar la existencia de una política de Estado de represión sistemática en contra de la disidencia política, sea ésta armada o disidencia social. Me parece que el informe logra este cometido. Logra conjuntar una serie de elementos que permiten hablar de una política de Estado, de que se aplicó terrorismo de Estado y, sobretodo, que el propósito del informe –eso sea quizás lo más valioso-, se elabora desde una instancia oficial del Estado mexicano que reconoce por primera vez, si es que lo asume la Fiscalía y el gobierno del Presidente Fox, que se cometieron crímenes de Estado, que hubo crímenes de lesa humanidad y que el Estado es el responsable de todos estos delitos. Esa es la importancia central del Informe. Por eso, leyendo los signos que tenemos a nuestro alcance –más allá de las declaraciones públicas que haga el presidente Fox ante instancias internacionales de derechos humanos-, vemos que no hay voluntad política en los hechos ni para hacer justicia, ni para asumir la verdad histórica. Conforme a los tiempos políticos del régimen, a unas semanas de las elecciones, ya debería haber tomado cuando menos alguna posición respecto a lo que el Informe contiene. Por otro lado vemos que el poder judicial ha tomado una serie de decisiones, junto con el Congreso que cambió ciertos delitos en el código penal, que permitieron la liberación de gente responsable de crímenes durante la guerra sucia. Vemos pues que el actuar del Estado, en sus diferentes instancias, contraviene a este propósito de hacer justicia y de reconocer la verdad.

Creo, también, que el Informe logra condensar el esfuerzo de la sociedad por lograr esta verdad y esta justicia. Conocemos la verdad oficial sobre lo que ocurrió y sabemos que dicha verdad oficial encubrió la verdadera actuación del Estado y las diferentes instancias del Estado en estos crímenes. Vemos por el otro lado el esfuerzo que la sociedad ha hecho en las últimas décadas por conocer la verdad. Tenemos una deuda con los familiares que han mantenido no solo como un asunto personal, sino como un asunto central de la lucha por la democracia, el reconocimiento de lo que ocurrió en esos años, y sobretodo –que eso es uno de los pendientes más importantes de este informe- cuál es el paradero y lo que le ocurrió a los desaparecidos. Ese es un pendiente. La Fiscalía no permitió que se terminara con esa labor que es central. Sabemos por el Informe, o borrador con información oficial, que se cometieron crímenes en contra de ciudadanos que no sabemos dónde están, pero que quedaron en manos de instancias oficiales, cárceles, cuarteles militares. Eso es algo que me parece muy importante. Es un trabajo producto del esfuerzo de los investigadores que, a contrapelo de la propia Fiscalía como ellos han narrado, sin contar con elementos mínimos de trabajo y ni siquiera con acceso a ciertos expedientes que la Fiscalía ha restringido su acceso para llevar los casos. Encontramos una contradicción, una especie de esquizofrenia, en la que este gobierno está. Algunos personajes relacionados con las fuerzas de seguridad o relacionados con los gobiernos anteriores hablan de que no se pueden abrir las heridas del pasado por un afán de venganza. La venganza es un asunto personal. Hacer justicia es un asunto de la sociedad, de la colectividad. Nuestra Constitución nos impele a hacer justicia cuando se comprueban los delitos.

Un elemento que no podemos soslayar es que el gobierno federal adoptó la legislación internacional en materia de derechos humanos y los partidos en las cámaras pusieron los candados que impiden que hoy se pueda juzgar por la legislación internacional a los responsables de los crímenes del pasado. Esos elementos tienen que ser parte del balance que contenga el Informe. Si esta verdad histórica no se asume desde el Estado quedará como una verdad de la sociedad. Los criminales han sido juzgados por la opinión pública, por los familiares, por los organismos de derechos humanos, que han documentado durante muchos años la actuación de las fuerzas de seguridad. Ahora falta que el Estado asuma su responsabilidad. Mientras no la asuma, esa herida seguirá abierta y seguirá siendo un pendiente de la democracia mexicana.

Algo muy importante que señalaba el Dr. Miguel Concha es que, mientras el Estado no reconozca oficialmente la existencia de esos crímenes y la actuación de una política sistemática de violación a los derechos humanos, se van a seguir repitiendo eventos –como los más recientes de Sicarsa en Michoacán o de Atenco- y la impunidad con que la policía actúa en esos casos. Hoy seguimos discutiendo de qué manera sancionarlos, porque no se han establecido mecanismos que permitan a la sociedad obligar a sus autoridades a sancionar a los agentes de policía que cometen delitos y que violan los derechos humanos. Parte del saldo pendiente lo estamos viviendo hoy como una realidad, porque no hay forma de sancionar a los responsables de la represión, a pesar de que hay evidencias, testimonios de la gente y de la prensa. Se escabullen por cualquier recoveco legal.

También creo que hace falta una Comisión de la Verdad. La labor de la Fiscalía se ha centrado en el aspecto legal y jurídico, con todos los defectos y con toda la falta de voluntad, porque vemos que no hay voluntad para castigar a los responsables. En las investigaciones ministeriales no se les acusa del delito de desaparición forzada –que es central para poder relacionar todos los delitos-, sino de secuestro o privación ilegal de la libertad que son delitos individuales. El hecho de que no se utilicen las figuras adecuadas también impide, en el nivel jurídico, asumir que se trató de una política de Estado. Ese es otro pendiente del informe de una Comisión de la Verdad. El congreso debe hacer una ley por el reconocimiento de la verdad histórica, que no sólo faculte a una comisión a investigar en los archivos, sino que obligue a la SEDENA a que abra sus archivos, porque lo que entregó son solo las migajas de lo que tienen. El ejército tiene los informes de las actuaciones del personal militar que actuó en los operativos, de la gente que fue detenida por ellos. Los informes o los partes militares que la SEDENA hizo llegar al AGN hablaban de ‘paquetes’ para referirse a la gente detenida y la labor de los investigadores fue descifrar lo que eso significaba. Entonces, esta labor de espeleología sobre el lenguaje militar, y el metalenguaje que utilizan para encubrir la verdad, fue también una labor muy importante de los investigadores. La documentación que nos permite acceder a esa verdad existe, el ejército la tiene, las bitácoras de los vuelos, la bitácora de los detenidos y la comprobación de cómo operaron las cárceles clandestinas en las que se convirtieron sus cuarteles militares, las instalaciones policíacas o las casas de seguridad que rentaron con la DFS. Ellos tienen toda esa información y tiene que conocerse toda esa verdad.

El Congreso debe mandatar a una Comisión de la Verdad que tenga la autoridad moral, que cuente con el profesionalismo y el consenso de las diferentes fuerzas; pero, sobretodo, con el compromiso de llegar hasta el fondo de las cosas. Esa misma comisión, o el mandato legislativo o legal que tenga, deben relacionarse con un mandato jurídico. Que los resultados de su investigación y conclusiones tengan consecuencias legales, porque podemos tener la verdad por un lado y la impunidad por el otro. En este país la impunidad es la simiente, el germen y la cadena de violencia que vivimos hoy en día. Entonces, si se quiere establecer un estado de derecho democrático, tenemos que empezar por juzgar a todos los responsables de delitos y de crímenes de lesa humanidad; es decir, a todos los servidores públicos y todos los funcionarios relacionados con ello. No se puede equiparar la violencia social, de un grupo, o de un sector –así sean delincuentes-, con la violencia aplicada por el Estado. La violencia desde el Estado se aplica a nombre nuestro, a nombre de todos los ciudadanos. Una parte que le falta al Informe y que debería asumir una Comisión de la Verdad es la responsabilidad social en estos crímenes, porque también hubo complicidad y silencio de la sociedad mexicana, hubo complicidad de los medios de comunicación de callar o de dar a conocer la verdad oficial a pesar de que sabían que había otra verdad de lo ocurrido.

Se tiene que hacer un balance general que incluya la responsabilidad de las fuerzas políticas y de todos los actores, porque es una manera de zanjar este momento, de que verdaderamente no se vuelva a abrir esta herida y que haya reconciliación. Sólo hay una posible. Se habla de que, por favor, con ánimo reconciliatorio tapemos ya el pozo y nos olvidemos de lo que pasó. Pero la única manera de hacerlo es, evidentemente, logrando que haya justicia, aunque sea una justicia simbólica, y que se juzgue a los responsables. Sabemos lo que está ocurriendo, por ejemplo en Argentina donde, incluso, se están abriendo los lugares de tortura como centros de la memoria, de museos para que la gente sepa lo que ocurrió, y se está recuperando la dignidad de las victimas; mientras que aquí, en México, estamos todavía discutiendo si lo que ocurrió fue verdadero o no, todavía relativizan el testimonio de las víctimas. ¿Qué nos podemos esperar si hay algunos almirantes que relativizan los testimonios de hoy en Atenco, que ocurrió hace unas semanas?, ¿Qué podemos esperar de lo que ocurrió hace treinta años?

Quiero felicitar al equipo que elaboró el informe porque, aunque falta mucho, es una crónica que avanza en el sentido correcto que es el conocer la verdad, abrir los archivos para encontrar cuál y de quien es la responsabilidad. Que los responsables también cuenten su verdad. No dicen lo que saben porque no han querido. Han hecho todo para no contar lo que hicieron y justificar su actuación. Busquemos, conozcamos y demos a conocer la verdad.

Carmen Aristegui: Muchas gracias Jesús. Dejamos para la parte final de estas exposiciones a Pablo Tasso que, como parte del equipo de trabajo de esta Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la Fiscalía, nos cuente lo que tenga que contarnos de este trabajo de investigación, de este documento que hemos conocido por la vía no oficial, “Que no vuelva a suceder”

Pablo Tasso: Para mí es un honor tremendamente inmerecido estar no solo en esta mesa, sino tener a cuatro madres de ‘desaparecidos’ entre el público.

Quiero, como recordatorio, volver un poquito atrás para ver hasta dónde o desde dónde la sociedad mexicana tiene que empezar a cicatrizar estas heridas. La locura, la falta de sentido, el sin sentido y la sin razón de una sociedad –y pienso un poco en Foucault-, tiene mucho que ver con la ruptura de la ley, con la ruptura del sistema jurídico, con la ruptura de un Estado, con la resolución autoritaria de conflictos, con la ausencia de consensos y de una lógica general. Dejar al margen de la ley a ciudadanos, enloquece. Un mundo que gira para unos, mientras que para otros se ha detenido en la tortura o en la desaparición, en un sótano, pero también en la eliminación de los derechos, en la imposición, ‘hace estallar las cuerdas’, como dijo Juan Rulfo.

Hay muchos datos que están fuera del informe y que voy a mencionar: María Ruíz de Flores enloqueció cuando secuestraron a su marido Juan Flores, en Las Palmas. Margarita Nava, de San Vicente de Benítez, apenas si quiso comer después de que desapareció su esposo Agustín Flores Jiménez; hoy tiene una embolia. Elvia Fuentes Organista, que ahora vive en La Remonta, no quiere recordar sus 15 años pero los recuerda, recuerda la música a todo volumen y los gritos de la tortura en Pie de la Cuesta…, gritos que también fueron suyos cuando fue torturada frente a su padre y vejada. Su madre, también torturada, Joaquina Organista vive rodeada de miedo sin poder caminar, atenta a los ruidos todos los días. Alejandra Cárdenas reconoce que habla porque, como pocos, ha podido ir al psicólogo… su relato desde una celda de 1.5m2 en el que había un escusado y varios presos -todos con diarrea todo el tiempo-, en la cárcel clandestina del ferrocarril, también llamada el trenecito en Acapulco. Apolonia, esposa de Aurelio Díaz Fierro, desaparecido de El Quemado, recibió la noticia del hermano del ex-gobernador del estado, Nogueda Otero, de que Aurelio había sido tirado al mar, que si quería llorar, que llorara, dijo. Ireneo Dorantes, de Valle Florido, recuerda lo último que su padre le dijo a su madre antes de desaparecer para siempre: ‘Vieja, ahorita regreso’. A su tío Albertano Dorantes lo colgaron de un árbol porque cuando lo detuvo el ejército opuso resistencia, los dos están desaparecidos. A Crecencio Alvarado, de San Juan de las Flores, lo interrogaron para ver si sabía de Lucio. Crecencio no sabía nada pero la tortura fue tan brutal que le chisparon los codos de tanto doblarlo y los muestra inservibles. Dice que, mientras lo torturaban, deseaba haber andado con Lucio. Sixta Albadilla, del Ticui, ya no tiene fotografías de su marido, Adauto Olea, desaparecido, de tanto que las repartió buscándolo. Han pasado treinta años y Sixta sigue vistiéndose de negro todos los días. Antes de ser detenido por el ejército, Adauto le dejó diez hijos que Sixta mantuvo lavando por fuera. María Argüello es hija de Francisco Argüello, desaparecido, dice que dicen que a su papá lo enterraron en el Puerto de Vela con una mano afuera, fue novia de Prisciliano Mojica a quien el ejército le quebró las piernas a balazos, antes de darle el tiro de gracia, en Agua Zarca en 1974.

¿Por qué habrían de olvidarlo? O, mejor, ¿Cómo podrían olvidarlo? Tenemos que entender el carácter paradójico del olvido y de la memoria para entender que estos crímenes están más allá de la agenda mediática de una sociedad atormentada por el consumo.

‘Entre charcos de sangre no se puede avanzar a la democracia’, dijo hace una semana en esta mesa el general José Francisco Gallardo; pero, es entre charcos de sangre que ha transcurrido la historia reciente de México y sigue transcurriendo. Y hay quien piensa que nuestro vicio más fácil, que es la negación, podría ser útil para sacarnos del atolladero del presente. La negación de un país dividido entre muy ricos y muy pobres, la negación de que solo a sangre y fuego, y entre charcos de sangre, puede construirse un país injusto pero habitado por hombres que se resisten a perder su dignidad. Los charcos de sangre son la consecuencia necesaria de una sociedad que garantiza la impunidad de unos y la desnutrición de otros. La negación del pasado, de un simple Informe, hecho sin recursos. Sí, pero dentro de un gobierno. Pero la razón por la que estos charcos del pasado no pueden ser negados es todavía más sencilla y contundente que la memoria en la cabeza de las víctimas. Afrontar la historia violenta del país, castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad es un eslabón ineludible de la construcción de un país civilizado.

No existe globalización capaz de negar estos crímenes, aunque así parezca. No existe crecimiento económico que pueda tapar el dolor de Sixta, de Apolonia, de Irineo, de las madres presentes y de todos los que conocemos esta historia.

Desde el gobierno de Vicente Fox –y hay que denunciarlo y decirlo-, se alientan voces que sostienen que no hubo, ni hay, desaparecidos en México, sino muertos. Lo había dicho antes Rubén Figueroa, ex-gobernador del estado de Guerrero en los setentas; lo había dicho antes en 1978 el ex-procurador Oscar Flores Sánchez: ni desaparecidos, ni presos políticos, ni Brigada Blanca.

Es importante aclarar una vez más por qué un desaparecido no es un muerto. Incluso para que lo entienda el Presidente. Un desaparecido es alguien a quien el Estado detuvo ilegalmente y lo negó al ocultarlo de sus familias, al sumergirlo en sótanos, cárceles clandestinas y campos de concentración –plenamente documentadas-; a quien el Estado negó, borrándolo de los archivos públicos, eliminándolo de entre su población –como si se tratara de una hierba que consideró mala-, del que no supimos más, excepto que estaba en manos de alguna entidad del Estado.

El Estado mexicano, que para muchos mexicanos apenas sirve para otorgar certificados de nacimiento y defunción; es decir, para demostrar la existencia de una persona, dispuso de una maquinaria para negar estos dos principales y raquíticos derechos. Sus funcionarios detuvieron y trataron a miles de personas en su condición de desaparecidos, desproveyéndolos de derechos, de vida, de nombre y de tumba. A los que, además, antes torturó como si exprimiera naranjas en un tianguis, aprovechándose de una sociedad atemorizada, quirúrgicamente desinformada y en algunos casos cooptada también.

La desaparición forzada fue aplicada a ciudadanos considerados enemigos; pero, ¿enemigos de quién? de un gobierno, de ciertos intereses, incluso de negocios particulares. Pero eso importa poco. No eran enemigos del Estado mexicano. En contra parte, el Estado fue utilizado por el gobierno para eliminar a los que consideró sus enemigos y, he ahí el problema de base: Ningún gobierno puede usar al Estado para que éste se ataque a sí mismo; es decir, para atacar y destruir a su propia población, parte constitutiva que lo compone, porque incurre en una traición que merece justicia, ahora sí, ejemplar.

Y ¿Por qué un Estado puede concebir la muerte, incluso a sangre y fuego en un enfrentamiento, pero no la desaparición forzada? Porque la desaparición forzada no solo supone el asesinato del ciudadano, sino la eliminación de todos los derechos del ciudadano; un crimen a la ciudadanía, una traición a todos los pilares del país, y por ello es considerado uno de los crímenes más graves, crímenes que le restan sentido a la humanidad… Estos son crímenes que le restan sentido a México. Cada día que se mantienen impunes el país se devalúa, sus instituciones se devalúan, sus funcionarios se devalúan, sus medios de comunicación se devalúan…, mucho más ahora que tenemos una idea cada vez más clara de lo sucedido.

Al obstruir y detener nuestro trabajo de investigación de manera imperiosa y violenta, el Fiscal Especial Carrillo Prieto, ha demostrado que su interés no es esclarecer el pasado, sino aparentar que busca castigar a culpables, mientras responsabiliza una y otra vez de sus fracasos a oscuros intereses que de tan oscuros no logra identificar. Detener la investigación es un paso hacia la impunidad, que hoy se encuentra avalado por instituciones superiores de gobierno. En esta situación los fracasos no parecen ya fruto de la impericia, estulticia o un segado afán de lucro, sino producto de la premeditación. El Fiscal Especial ha perdido el sentido de su trabajo y probablemente deba renunciar inmediatamente.

Por su parte el Presidente de la República debe presentar el informe cuanto antes y promover un proceso de reconciliación nacional. No hacerlo dejaría todo en manos de tribunales internacionales con un antecedente más en la lucha de un pueblo marcado por la cobardía de sus gobernantes.

Los caminos de México no son muchos. Uno es dignificar la labor del ejército, negándole labores de policía; dar cuenta cabal del destino de detenidos desaparecidos, sin permitir la impunidad; reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las más de diez mil victimas vivas de la guerra sucia; resolver la separación existente entre legalidad y justicia que impera hoy en el sistema jurídico, abrir completamente los archivos de todas las zonas militares del país, y profundizar la investigación sobre el paradero de esos desaparecidos. Otro, el sin sentido. La eterna revisión de charcos de sangre y la negación. Gracias.

Carmen Aristegui: Gracias, Pablo, por esta exposición. Damos paso a la gente que está en el auditorio para intercambiar puntos de vista, para seguir alimentando esta discusión y este debate. Creo que han puesto aquí los puntos de análisis con mucha claridad. Pablo en este momento, como partícipe del equipo de investigación, ha hecho señalamientos muy graves respecto a la tarea del Fiscal Especial. Eso de que los fracasos de la fiscalía no parecen producto de la impericia, sino de la premeditación, es algo que valdría la pena, si tienes oportunidad y ganas de hacerlo, ampliarlo. Porque, a final de cuentas, en el balance que se puede hacer respecto a lo que se hizo y no se hizo en esta Fiscalía está, justamente, el papel del propio Fiscal. Aquí se han dicho cosas muy importantes sobre la tarea de la Fiscalía, y esta última parte en donde sellas tu reflexión con un ‘debe renunciar’. ¡Él debe renunciar! Atendiendo no solamente al páramo de información oficial sobre el tema que tenemos en frente, sino a lo que acabas de señalar: una duda, una suspicacia, y ahora una afirmación tuya respecto al papel y la tarea del fiscal Carrillo Prieto.

Doy paso pues a dar la palabra al público. Si alguien quiere agregar, sumarse a la discusión, a las reflexiones… El doctor Sotelo, que está aquí en primera fila, y es el responsable de este grupo de trabajo de investigaciones. Hay también aquí otros investigadores de este informe que nos ocupa esta mañana y, por supuesto, queda abierta la discusión, el micrófono y la mesa a sus puntos de vista. Doctor Sotelo, no sé si usted quiera…

José Sotelo: La tarea fundamental, desde luego, de la fiscalía era dar cuenta de los detenidos desaparecidos. Para el equipo de investigación histórica este era el tema nodal de nuestra investigación y, de hecho, nos pararon en la maroma. Terminamos, justamente, la primera parte del informe en donde se acreditan más de 644 desapariciones forzadas por parte del Estado. Esto lo hicimos sin haber concluido con los expedientes que acreditaban las circunstancias de cómo habían quedado en manos del Estado porque, se nos dijo, las exigencias de la investigación exigían que ésta fuera rendida antes del 15 de diciembre. En esa fecha entregamos el Informe, teniendo la acreditación de estos casos, pero sin haber concluido con la elaboración de los expedientes físicos de los mismos. Enseguida nos dimos a la tarea de comenzar a trabajar esos expedientes.

Somos claros de lo que tenemos y de lo que falta. La investigación tenía que trabajarse en tres etapas. La primera era concluir el Informe. Este daría el marco oficial de que el Estado reconociera que habían quedado en sus manos. A partir de allí se podían dar los siguientes otros dos pasos de la investigación. La segunda etapa es la que estábamos implementando y que se interrumpió cuando corrieron a toda la gente de nuestro equipo. Estábamos trabajando en varias tareas, pero la más importante era abrir la información disponible y elaborar los expedientes de estos detenidos desaparecidos. Para nosotros, la tercera etapa es –sigue siendo- la fundamental, la central, la nodal, y consiste, justamente, en dar cuenta de que pasó con los detenidos desaparecidos. Sin embargo, si no se dan las dos primeras etapas de la investigación, es muy difícil que vaya a propiciarse la tercera. Hasta el momento nosotros ya tenemos claro y podemos probar que el Estado se quedó con muchas de estas gentes que han quedado desaparecidas.

Yo le comentaba a Doña Rosario, justo antes de empezar este debate, que sólo en el acervo que la SEDENA puso a disposición del AGN pudimos documentar más de 260 detenciones ilegales que ellos mismos reportan, de las cuales más de 80 terminaron en desaparición forzada. El propio ejército en sus archivos documenta estos crímenes.

Sabemos que podemos dar cuenta de dónde quedaron estas gentes, si nos permiten avanzar en las condiciones que el padre Miguel Concha ha señalado. ¿Por qué nos detienen, por qué? Es justamente en este mes de mayo que se dedicaron a enflaquecer, efectivamente, la Fiscalía. Pero, ¿Cómo la están enflaqueciendo? Ya nos echaron fuera a todos los del equipo histórico. La última persona que faltaba que es Doña Rosa María Ortega. Ella fue puesta ya disposición y termina su trabajo en la Fiscalía el último día de este mes. A partir de entonces no quedará nadie del equipo de investigación histórica en la FEMOSPP. ¿Qué va a pasar con esos archivos que no terminaron de espulgarse? ¿Por qué no nos permitieron terminar esos expedientes si, justamente, permitían sustentar los casos ministeriales? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado mexicano ha consignado solamente 17 casos, y mal fundamentados, cuando nosotros estábamos presentando 644 casos bien fundamentados? Es cierto, son distintas las exigencias de una investigación histórica que las de una investigación ministerial. No obstante es demasiada la brecha…

Las imputaciones que Pablo hace, en el sentido de que más que de una impericia pareciera ser un plan con maña… se ahondan, se agrandan. Deberían de explicarlo. No está en mí explicarlo, en mí está el señalarlo… ¿Por qué?…

El equipo que se dedicó a limitar el alcance de las acciones de esta Fiscalía fue el de Dictaminación Jurídica, que no quiso, que se opuso a que se consignara por el crimen de desaparición forzada, por lo que se consignó entonces por otros delitos, como privación ilegal de la libertad ¡No por el central! Es, justamente, al Director de esta área a quien le dieron nuestra investigación histórica para que revisara el Informe que elaboramos. Esa área cuenta con todo el aval del Fiscal y es la encargada de revisar, de manera inquisitorial, nuestros textos. Espero que, como dice Don Miguel, no sea que estén trabajando para hacer su investigación ‘a modo’.

La posición que yo asumiré es complementaria a la que Pablo Tasso ha presentado. Él nos ha mostrado la crudeza de la investigación. Una investigación absolutamente dolorosa. A mí me toca impulsar que el Estado asuma esa responsabilidad. Hace ocho días el mensaje que quise dejar claro fue, justamente, ese: No podemos permitir que una vez que algo se conoce desde las entrañas del Estado, el Estado renuncie a no dárselo a conocer a su pueblo. Sería un crimen, un crimen más. Implicaría, incluso, convertirse en cómplice…

Y con esto concluyo. Este Estado tiene dos opciones. O esclarecer y abrir los archivos que faltan, y permitirnos llegar a saber y determinar qué fue de éstas gentes desaparecidas que él mantuvo en su poder. Le queda sólo esa opción, o convertirse en cómplice. Se está llegando al punto en que es la segunda alternativa es la que el Estado está a punto de tomar. Yo llamo al Presidente Fox, porque ya al Fiscal ya no me interesa dirigirme, para que actúe como Jefe de Estado, para que reconozca esta situación y para que de cuenta de estas injusticias.

Carmen Aristegui: Gracias doctor Sotelo, Miguel…

Miguel Concha: Creo que hay poco que agregar a las palabras de José Sotelo. Esa tarea no es de él únicamente sino, como también decía Jesús Ramírez, es una tarea de muchos de nosotros y de muchas de nosotras…

Se ha dado una impresión fundada de que, desde el punto de vista judicial, la Fiscalía ha manejado los casos precisamente para que no haya justicia. Y en esto hemos coincidido Julio Mata, Jesús, Pablo y yo. Por ejemplo, incluso después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, motivada por una actuación misma de la Fiscalía –sobre el hecho de que la privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro es un delito continuo que no termina hasta el momento en que se sabe cual es el paradero de la victima-, el informe de Human Rights Watch dice claramente que la Fiscalía, con base en esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia podía perfectamente haber consignado sobre desaparición forzada de personas, a pesar de que de una manera aberrante el Senado de la República haya establecido que la Convención Internacional sobre el caso comienza a tener vigor en el país desde el momento en que es ratificada. Si es un delito continuo, la Convención misma se aplica perfectamente. Incluso con esa aberración, se aplica. Pero entonces, el Fiscal consigna por otro tipo de delitos aduciendo que: porque los jueces no están capacitados para entender esos crímenes de lesa humanidad; que porque era muy posible que rechazaran la consignación. Entonces, ¿Dónde está la voluntad de justicia de la Fiscalía para trabajar en su consignación ante los jueces? Es un ejemplo…

El otro es el asunto del genocidio que fue por lo que consignó los expedientes de los crímenes cometidos en el movimiento estudiantil de 1968 y 1971. El informe de Human Rights Watch muestra que consignar por ese delito como consignó el Fiscal no lleva a nada. No lleva a nada porque, cuando se discutió precisamente el caso de genocidio, no se incluyó expresamente a los grupos políticos. Fue una discusión larga a nivel internacional para excluir a los grupos políticos. Se incluyó a los grupos nacionales, a los grupos étnicos, en fin, a los grupos religiosos pero, expresamente, se excluyó el grupo político. Era muy fácil tirar ese tipo de consignación.

Y lo último que quiero decir para mostrar un poco la falta de voluntad política. En el año de 2004 un equipo de especialistas de Human Rights Watch vino a investigar cómo se estaban llevando a cabo las investigaciones ministeriales y sugirió al ejecutivo que estableciera un equipo técnico de especialistas en derecho –en derecho mexicano y en derecho internacional-, para que se pudieran hacer las consignaciones de manera debida y no se encontraran con esos obstáculos que interpuso el poder judicial. Fue una recomendación clara, explicita, razonable. Nunca el gobierno federal, el ejecutivo, estableció tal equipo. Entonces, sí es realmente muy lamentable, es indignante que, desde el punto de vista ministerial, no se haya llegado a nada. Ya vimos que acaban de dejar libres a los tres principales consignados. Ya los dejaron libres por falta de méritos. ¡Por falta de méritos! Y las resoluciones que están pendientes, no se han acabado de resolver. Hay algunas por ahí que están pendientes en el juzgado, pero no acaban de resolverse.

Entonces yo me sumo al reclamo de José Sotelo de que, efectivamente, ya lo peor que podría pasar es que el informe, este informe que nos ocupa ahora, pues ya resultara que es un informe que no vale, porque efectivamente no hay un compromiso realmente con la sociedad y con los derechos.

Carmen Aristegui: Gracias Miguel, Aquí han dejado algunas cuestiones importantes para definirse. Una tiene que ver con crear o no una Comisión de la Verdad.

Yo he observado algunas de las reacciones de Rosario, de las madres que están aquí enfrente cuando se mencionó el concepto de Comisión de la Verdad. A mi me gustaría, para alimentar este debate y esta discusión, saber qué piensan de los planteamientos que hacen aquí nuestros colegas de mesa, particularmente del Jesús Ramírez que planteó que debe crearse una Comisión de la Verdad, que el Congreso faculte esta Comisión y obligue al ejército, por mandato legislativo, a ofrecer sus archivos y la información que tenga, y que se cree una Comisión de la Verdad con figuras de consenso, reconocidas. ¿Que les dice esto a ustedes? ¿Alguien quisiera comentar esto? Celia, Rosario, algún punto de vista… Rosario, sé que has hablado mucho pero queremos oírte…

Rosario Ibarra de Piedra: Gracias por habernos invitado. Nosotros veníamos nada más a escuchar, pero ante una pregunta como la que hace Carmen no nos queda más que decir algo. Nosotros hablamos con todas las personas que han sufrido lo mismo que nosotros. Con gente de Guatemala, de Argentina, de Sudáfrica, con todo mundo… y quedaron horrorizadas de las Comisiones de la Verdad. No quieren saber nada. No están de acuerdo con lo que ahí pasó, con esas terapias de grupo, con esas crueldades de enfrentar a victimas y victimarios, con esas cosas tan espantosas. Y nosotros tomamos o escuchamos la voz de la experiencia, de todas ellas que han sufrido el dolor intenso que hemos sufrido nosotros. No confiamos en muchas comisiones de la verdad porque hay personajes muy respetables que hablan muy bien de lo que son los derechos humanos y, a veces, andan buscando la oportunidad para ser parte de esa Comisión de la Verdad y, a la postre, acaban siendo –perdón por la expresión-, ‘paleros’ del gobierno, de los malos gobiernos, y dando una verdad espantosa que más lacera a las victimas de todo esto, que somos los que hemos sufrido la ausencia.

Nosotros pensamos que la justicia en este país está secuestrada, que está desaparecida al igual que nuestros familiares desde hace muchísimos años. Desde que iniciamos la lucha, cada una de nosotras. Celia el 74, yo el 75, Priscila el 78, Luz el 78. Empezamos a luchar luego luego por nuestros familiares y por todos los que vinieron detrás y por todos los que nos precedieron. Por los medios jurídicos. Fuimos a dejar la denuncia, a levantar el acta a todas las procuradurías que no sirvieron absolutamente de nada. A veces nos daban las denuncias selladas de recibidas y de alguna manera echaban a perder el sello de la procuraduría. Fuimos con todos los procuradores, desde Ojeda Paullada y todos los demás que ¿Para qué los menciono? Oscar Flores Sánchez y todos dijeron que iban a cumplir con su deber. El más cínico fue Ojeda Paullada que nos decía: “Yo no tengo a su muchacho… lo tiene él”, y con la barbilla me señalaba a Luis Echeverría Álvarez. ¡Qué capacidad de Procurador, qué independencia, qué cinismo! Y así todos.

Durante 18 años fuimos a Naciones Unidas y nos desesperamos de ver como sufríamos nosotros y con nuestro sufrimiento ellos disfrutaban de altos puestos. A la Corte Interamericana no hemos ido porque la preside Sergio Ramírez que, cuando fue Procurador General de la República, se burló de nosotros. Cuando una compañera de Sinaloa le dijo que había visto a su hermano que lo traían en la calle unos militares y unos policías, me dijo: “Doña Rosario, es una ilusión amorosa de la joven.” ¿Cómo vamos a creer en la justicia mexicana? Y ahorita, cuando ya se va Vicente Fox, cómo vamos a creer que haga algo él que hizo pacto desde un principio cuando estuvo en el campo militar de Santa Gertrudis Chihuahua. Hizo lo que ningún Presidente civil había hecho, vestirse como militar y ponerse todos los símbolos del rango de comandante supremo de las fuerzas armadas. Salió hablando bellezas del ejército mexicano. Desde ahí supimos nosotros que Vicente Fox pactó con esos criminales del pasado y nosotros no creemos que Vicente Fox vaya a hacer nada. El doctor Sotelo dijo una frase que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, la Fiscalía fue ‘plan con maña’. ¡Plan con maña! Desde un principio fue premeditado como dijo aquí el compañero. Fue premeditado lo que hicieron para engañar a la gente.

A mi me detienen en la calle y me dicen: “¡Ay Doña Rosario! Qué bueno que ya están arreglando lo de su hijo. Qué bueno que ya están trabajando los del gobierno por los desaparecidos.” Es el engaño burdo. Y nosotros nos negamos a ir a esa Fiscalía fraudulenta. Y lo que me duele, me duele mucho, y lo quiero decir, es que aquí hay gente presente que estuvieron colaborando en esos expedientes y en todo eso que decía aquí el compañero. Compañeros que estuvieron presos. Ahí está José Luis Moreno. Ahí están otros compañeros que estuvieron dentro del Comité y que nunca se acercaron a nosotros a decirnos el trabajo que estaban haciendo. No sabíamos que estaban ahí. Creíamos que era gente del gobierno la que estaba ayudando al Fiscal. Si nosotros hubiéramos sabido que estaban ahí, si nos hubieran dicho, quizá hubiéramos ido a hacer marchas fuertes como lo hicimos en el pasado, para rescatarlos a muchos de ellos como lo hicimos para hacer la amnistía, la amnistía que logramos para muchos de los que estaban en las cárceles públicas, y después logramos con marchas, con el Frente Nacional Contra la Represión, con tantos otros sacar a 148 desaparecidos. Algunos dieron testimonios muy valiosos y a otros los mataron por haber dado testimonio. Nosotros les rendimos un homenaje de respeto y un cariño inmenso a todos los que osaron, a los que se atrevieron a decir todo eso, y por ese camino logramos rescatar a otros. Pero, desgraciadamente, así están las cosas y vamos a seguir luchando las que estemos y las que quedemos, con el compromiso por los nuestros y con el compromiso hacia las madres que ya se fueron por ese camino que no tiene retorno. Gracias…


Jesús Ramírez: Coincido con las críticas y el escepticismo del Comité de Familiares; sin embargo, creo que llámese como se llame –Comisión de la verdad, o Fiscalía, o como le queramos poner-, necesitamos una instancia que responda a las dos incógnitas que nos tienen aquí y que son, el conocer la verdad histórica y hacer justicia. Cómo sea ese organismo, entidad o lo que sea, creo que es secundario. Lo importante es que se pueda construir con la participación de la sociedad, donde esté garantizada la participación de la gente que trabaja por los derechos humanos, que estén representados los familiares, que esté representado el Estado mexicano, y que estén representados los especialistas, y gente con autoridad moral. Se requiere de dar una respuesta.

Estoy de acuerdo que, en Sudáfrica, la terapia de las víctimas fue fatal, y la burla de los responsables era todavía más enervante que lo que habían cometido. Sé lo que pasó en Guatemala con el informe especial que hizo la iglesia y que contiene muchas más cosas que el informe oficial. Conozco lo que sucedió en Perú, que es una experiencia muy importante que hay que tomar en cuenta. Lo que se hizo en el informe Ratting en Chile, o lo que ocurrió en Argentina.

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y creo que en esto si tenemos acuerdo. El comité de madres y de familiares lleva la delantera. Esta es una lucha, una batalla por que se reconozca la verdad desde el Estado y por que se haga justicia. Y en esta lucha por la democracia –que en este capítulo estamos dando los medios, los familiares, la sociedad y todos los que están comprometidos con ello-, busquemos la formulación que concilie estos objetivos pendientes y que nos permita avanzar. Antes que un nombre pongamos los objetivos y de qué se trata. Pongamos los candados necesarios para evitar que volvamos a estar en una situación como la de hoy, de frustración y de que vemos que no hay voluntad para lograr los objetivos. Es importante tener en cuenta que esto es una tarea pendiente de la sociedad y que tenemos que asumirla…


Carmen Aristegui: Gracias Jesús. Les recuerdo que el énfasis que se le quiere poner a este debate y a esta discusión, al que nos convoca CENCOS, es justamente a definir o clarificar las líneas básicas para la exigencia del informe futuro, que tendrá que hacer el Estado mexicano. Esperemos que efectivamente sea este gobierno, aunque creo que Rosario tiene todas las razones y los ingredientes para tener la duda sobre el tema.

La idea es definir estas líneas básicas de lo que se debe exigir en ese informe que el Estado mexicano, quienquiera que lo represente, tiene que hacer ante los ojos de la opinión pública. La obligación no solo de investigar, que ha dicho Miguel, sino la obligación de informar. Y todas las consecuencias que esto traiga. Y, al margen de lo que se publique, cuáles serían los escenarios que deben darse como consecuencia del reconocimiento de estos crímenes. También les pediría un ejercicio de reflexión para enfatizar esta inquietud que CENCOS nos plantea: Qué espera la sociedad del gobierno y de sí misma, de lo que debería suceder de existir una secuencia civilizada para asumir ese pasado.

Damos paso en esta recta final a Julio Mata…

Julio Mata: Nosotros no estamos de acuerdo, en este momento, en que hicieran una Comisión de la Verdad. Creemos que las estructuras de poder están ahorita igual a como estuvieron hace tiempo, no hay modificaciones. Se usa un término en que no estamos de acuerdo tampoco, el de justicia transicional, que es con el que se han venido realizando las Comisiones de la Verdad en varias partes del mundo, el cual considera que, a través de esas Comisiones de la Verdad debe haber reconciliación. Nosotros creemos que no se puede hablar de reconciliación si no hay justicia, y la justicia tiene que empezar por llevar a juicio a todos los criminales, saber cuáles fueron los delitos que se cometieron pero, principalmente, conocer el paradero de cada uno de los detenidos desaparecidos, qué pasó con cada uno de los torturados. Hay muchos que fueron ejecutados y tampoco se conoce su paradero.

Nosotros creemos que debemos utilizar todas las formas habidas. Buscar otras formas que tal vez no conocemos. Usar la creatividad. Ir buscando formas organizativas y que toda la sociedad mexicana vaya nuevamente asumiendo el papel de conocer a cada uno de los detenidos desaparecidos; el papel del luchador social que ejerció en su momento cada uno de ellos; recobrar la memoria; recobrar el nombre de ellos y de poder integrarlo a todas las actividades que puede realizar cada una de las organizaciones. En ese sentido nosotros estamos realizando exposiciones periódicas de fotografías en varias partes del Estado de Guerrero. Estamos llevando a cabo un proyecto de memoria con la Universidad Autónoma de Guerrero, en la cual estudiantes de servicio social están yendo a la sierra de Atoyac a bajar testimonios, esperamos hacer una publicación en ese sentido… creemos que debemos buscar esos medios para que la sociedad asuma nuevamente el papel de contraparte en el Estado.


Carmen Aristegui: Gracias Julio. Pablo Tasso…

Pablo Tasso: Lo planteado por Doña Rosario es muy claro y no me queda duda de que la Fiscalía ha servido de alguna manera para separar, dividir, quitar fuerzas, en lugar de ser útil para que la enorme cantidad de luchadores sociales y de las victimas que mantienen viva la lucha y las demandas, hayan podido unificarse. Por eso es que planteaba que el Fiscal debe renunciar, porque no está siendo ya útil para permitirnos una comunión y para permitir que México afronte de manera colectiva sus cicatrices y las repare.

Esta experiencia de ‘manoseo’ genera muchísimos temores para crear cualquier otro tipo de organismo; pero también pienso que es absolutamente necesario crear alguna instancia si México puede demostrarse a sí mismo que es capaz de afrontar sus equivocaciones, sus errores y sus crímenes del pasado. No hay futuro si no somos capaces de resolver aquello, estaríamos demostrando nuestra incapacidad para resolver el ahora. Ese es el problema.

Siempre me he asombrado en toda la investigación, pero fundamentalmente en la última etapa en la que trabajamos ya la elaboración de expedientes de desaparecidos, que fuera difícil avanzar con tantísima documentación. El caso de Argentina me parece sintomático, puesto que no había un solo documento y, aún así, se pudo hacer un texto como el “Nunca más” que, por supuesto y como éste, es una suerte de punta de iceberg, de la realidad que hay debajo y que muchas veces no aparece, que es un registro que lentamente y con el tiempo la sociedad puede ir abordando, digiriendo, compartiendo.

Coincido en que se necesita, no se si una Comisión de la Verdad, o una continuación de la Fiscalía en otras circunstancias, con otros recursos y con una decisión política más clara. Esto último está faltando. El Presidente de la República está informado perfectamente de la existencia de este documento desde diciembre del año pasado, no desde que el Fiscal supuestamente se lo ‘entregó’ este pasado Sábado de Gloria. Evidentemente es algo tremendamente preocupante. Yo no salgo de mi asombro porque estos crímenes que han provocado una lucha de treinta años no son, ni pueden ser útiles, como dice el padre Miguel Concha, para la negociación de cualquier interés actual de un funcionario. Lo que sucede es patético para el país.


Carmen Aristegui: Gracias. Sigamos. Don Miguel Concha…


Miguel Concha: En primer lugar, ha quedado claro por el informe que ha elaborado este equipo que, como nos han dicho, aparte de trabajar en circunstancias sumamente precarias, ha sido despedido de una manera inexplicable para muchos de nosotros, que se han documentado crímenes de lesa humanidad que son crímenes de Estado.

Ha quedado claro también que el Estado mexicano, tiene que dar una respuesta al clamor de la sociedad por su derecho a la verdad, y al clamor de la sociedad por su derecho a la justicia.

También ha quedado claro que si esto no se hace –creo que lo ha subrayado muy claro Pablo-, no podemos confiar en que estamos efectivamente en un estado de derecho. Estas barbaridades quedan ahí flotando en el aire y pueden volverse a producir. Desgraciadamente hay signos ominosos, indignantes, preocupantes, de que en Sicarsa, en Atenco, y quizás también en Isla Mujeres se han vuelto a producir. No podemos entonces consolidar un estado de derecho sin verdad y sin justicia. Si el Estado mexicano dice que quiere ser, efectivamente, un estado de derecho y nosotros queremos democracia, aquí en esto el Estado tiene una deuda muy grave, muy pendiente. Está obligado, tiene que responder con la justicia y dando a conocer la verdad auténtica no ‘a modo’ si quiere ser un estado de derecho.

Vamos primero a ver si hay informe. Vamos a ver cómo viene. Vamos a evaluarlo de acuerdo a lo que ha sido nuestra experiencia y la de las víctimas y de los familiares con la Fiscalía. Vamos a hacer, en caso necesario, nuestro propio Informe, con lo que la sociedad espera si el Estado no responde. En este país, quien felizmente sigue respondiendo es la sociedad, la sociedad y sus organizaciones. En caso de que no haya informe o venga ‘a modo’, vamos a hacer nuestro informe, y vamos a dárselo a conocer a la sociedad, porque la sociedad si quiere un estado de derecho, quiere democracia.

Haríamos el informe comenzando por fundamentar lo que es el derecho a la verdad, lo que implica, lo que significa el derecho a la justicia. Fundamentarlo como lo hemos hecho. Y, después, vamos a tener que indicar todos los saldos negativos de la experiencia de la Fiscalía. Es un compromiso de todos en nuestro país.


Carmen Aristegui: Pablo nos pide un último comentario


Pablo Tasso: Quiero agregar algo alrededor del tema de la precariedad, porque no lo toqué y surge una y otra vez. Sin duda pone en tela de juicio el tema de la decisión política de este gobierno para realizar una investigación en serio.

El equipo de investigación histórica cobró su primer sueldo del año 2004, en marzo del 2005. Es decir, trabajó el 2004 y los primeros meses del 2005 sin cobrar. Posteriormente, cobró su primer sueldo del 2005, en septiembre. Se cobró el sueldo de enero nueve meses después. Y, a partir de julio de 2005 ustedes saben que a la fecha –estamos a fines de mayo y han pasado once meses desde entonces-, no hemos cobrado. El cobro de nuestros sueldos no es el único problema. Llamo su atención al problema de las circunstancias de trabajo que se suscitan. ¿Cómo trabaja un equipo que lleva meses y meses sin cobrar? Ha sido muy difícil. Imaginen la cantidad de compañeros que, en un momento dado, decían: ‘yo no puedo más’ y, se iban. Con un bagaje de conocimiento, con un aprendizaje hecho sobre la investigación, sobre la manera de trabajar. Ha sido un traspié constante. No tengo ninguna duda de que sin Don José Sotelo, que muchísimas veces puso sus recursos personales para mantener la investigación, no hubiéramos concluido el Informe.

Eso es una cosa que debe revertirse sea cual sea la instancia que continúe la enorme cantidad de tareas que hay que hacer para llegar a ese ochenta por ciento mencionado por el padre Miguel. Sin duda creo que una de las posibilidades es continuar nuestro informe. Supongamos que se haga una instancia que tenga el consenso general de las organizaciones, de las víctimas y de la sociedad civil; entonces hay que seguir de alguna manera. Quizá el Informe sea un punto de partida, o un momento más de este camino enorme. Es necesario rescatar las bases de datos y los registros que se tienen de todo el periodo y que se han levantado de los archivos de IPS, de la DFS, y de SEDENA. Son un punto de partida para redoblar los esfuerzos para que esta información, este informe con la verdad histórica se abra. No podemos ya seguir en el terreno de la Fiscalía que es el Fiscal mantiene en su poder, en la separación de todos los actores sociales.


Jesús Ramírez: El punto central que nos tiene aquí reunidos, además de reconocer el trabajo del Informe que hizo este grupo de investigadores, es que el Informe se hizo desde una instancia del Estado y las conclusiones del Informe deben ser asumidas por el Estado. Ese es el asunto central. Recuerdo una opinión que Rosario Ibarra dio a la prensa, de que si los funcionarios de los gobiernos anteriores han reconocido que si la existencia de la guerra sucia, de las desapariciones forzadas, de las cárceles clandestinas, de los bombardeos, de todos los crímenes que cometieron fueron una decisión del Estado, tiene que ser otra decisión del Estado que acabe esto. Respecto a las preguntas que nos hacía CENCOS, si el Estado reconoce su responsabilidad en estos crímenes, primero tiene que hacer justicia, en seguida tiene que dar cuenta de qué ocurrió con los detenidos desaparecidos, tiene que pedir perdón a las víctimas para recuperar la dignidad de las victimas y los familiares. Se tiene que rendir cuenta de la memoria asumida social e históricamente y, en esa medida, el día en que en los libros de texto de este país se hable de que hubo un periodo oscuro en la historia de México, donde de se aplicó una guerra sucia y una política sistemática de exterminio contra la disidencia, ya estaremos hablando de que le estemos dando vuelta a la página de este capítulo. Pero, hasta que eso no ocurra, seguiremos pugnando porque el Estado asuma su responsabilidad, porque es el centro de todo. La sociedad bien podemos hacer un Informe, pero tenemos que obligar a que el Estado asuma la responsabilidad que tiene de los hechos.


Carmen Aristegui: Aquí se han hecho planteamientos y reflexiones de suma importancia. El eje central de coincidencia, me parece y lo ha refrendado ahora muy bien Jesús, es que el Estado mexicano, y lo dijo Miguel al principio, que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar y tiene la obligación de informar y tiene la obligación de asumir las consecuencias de lo que informe.

Yo subrayaría esa frase como lo que nos pone en puntos de coincidencia. Hay divergencias, naturalmente, respecto a qué hacer con la Fiscalía, Continuar la Fiscalía, crear una Comisión de la Verdad, lo que aquí se ha planteado, que son los mecanismos o caminos que tendrán que explorarse. Pero el eje fundamental es, efectivamente, esa necesidad histórica fundamental de que el Estado mexicano se haga cargo de lo que hizo, de que el Estado mexicano informe respecto de lo que ocurrió y, sobretodo, que el Estado mexicano ponga a disposición de los investigadores y de quienes sean los responsables de una tarea de esta naturaleza, lo que sabe y tiene del paradero de las personas desaparecidas.

Queda también un amplio espacio para revisar la tarea del Fiscal. Han dicho cosas muy severas respecto a la tarea del Fiscal. Lo mejor que nos podría pasar es que sea un inepto, pero creo que han dicho cosas mucho más graves que simplemente hablar de impericia. Se ha hablado de una intencionalidad, lo cual no solamente colocaría al propio Fiscal Carrillo Prieto en la situación más comprometida de su gestión, sino al propio Gobierno de la República porque, al final de cuentas si, efectivamente, como aquí se ha planteado, hubo esa intencionalidad de estorbar, de hacer aparecer que se hacía sin hacer y de, al final de cuentas, entorpecer el proceso mismo, la responsabilidad aquí trasciende, naturalmente, a Carrillo Prieto. Es una responsabilidad mayúscula del propio gobierno de Vicente Fox.

Estaremos creo que todos muy atentos a los meses que le quedan a este sexenio. Ya en la recta final de las campañas políticas –antes de que sea la elección presidencial- parecería impensable, creo yo que sería una utopía, plantearse que el Presidente va a decir algo. Pero, a partir del 3 de julio, que es cuando se sabe lo que decide el elector en esa jornada electoral, el Estado mexicano del gobierno de Vicente Fox está obligadísimo a que, en la recta de los últimos meses hasta el 1º de diciembre que es su plazo, asuma finalmente el compromiso que le corresponde.

Independientemente de lo que se pueda plantear desde la sociedad de este Informe, como lo plantea Miguel, ya hay mucho dicho, mucho investigado y mucho que decir en la materia. Lo relevante en todo caso, y con eso cerraría, es empujar, presionar y obligar desde la sociedad al Estado mexicano a hacer lo que debe en esta materia.

Yo les agradezco mucho a todos que hayan venido. Gracias doctor Sotelo por estar aquí. Gracias a las mamás, a nuestras mamás. Gracias Rosario por estar aquí y, por supuesto, a los panelistas en esta reunión en este Segundo Encuentro y los que vengan, en todo caso. Este es un debate que hay que dar con mucho alcance. Creo que tampoco nadie podría negar la importancia de una de las frases que aquí se plantearon: Si no resolvemos bien todo esto, no podemos plantearnos con serenidad y con claridad nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Nada más y nada menos. Eso es lo que está de por medio con todo lo que hemos aquí conversado. Gracias a todos.

(Gentileza de Lluvia)